Tras la victoria de Alejandro Giammattei en las elecciones presidenciales de 2019, cinco empresas que financiaron a la organización política Vamos, con la que Giammattei logró la silla presidencial, han recibido adjudicaciones por Q4.6 millones en instituciones estatales, a pesar de que la Ley de Contrataciones del Estado prohíbe ser proveedor público a quienes hayan financiado a organizaciones políticas o campañas electorales.

El incumplimiento se produjo debido a que el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), no estaba enlazado con la base de datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de las empresas y personas individuales que figuran como financistas electorales.

Además, ninguna entidad contratante, como ministerios o municipalidades, han notificado de alguna inhabilitación que deba realizarse a un financista, aunque la Ley de Contrataciones también los obliga a hacerlo.

El Artículo 80 y literal “i” de la Ley de Contrataciones señala que, quienes hayan aportado más de Q30 mil anuales a alguna organización política o campaña electoral en las elecciones inmediatas anteriores al periodo presidencial en curso, no podrán concursar o celebrar contratos con el Estado.

Uno de los casos de empresas que no atendieron la prohibición es el de ARM Aviación, S. A. que según los informes financieros presentados por el partido de Giammattei ante el TSE, en marzo de 2019 donó horas de vuelo al Comité Ejecutivo Nacional de Vamos, valoradas en Q127 mil 852.

En lo que va de 2020, ARM ha acumulado adjudicaciones públicas por Q2.2 millones, según el portal Guatecompras. La contratación más onerosa le fue otorgada a dicha empresa por la Asociación Nacional de Paracaidismo Deportivo de Guatemala, que le compró el servicio de 360 vuelos de lanzamientos de práctica por Q2.1 millones.

Excandidato gana millones en Empagua

Otro de los financistas beneficiados con contrataciones públicas es José Alfonso Bosarreyes Mockson, quien obsequió comidas y refrescos para reuniones del partido Vamos y compitió como candidato a alcalde de Sansare, El Progreso, en los comicios del año pasado, pero no ganó la elección. Sin embargo, Bosarreyes ha cuadruplicado sus ventas al Estado con su empresa individual JA Comercial. En lo que va del año ha vendido Q2.1 millones a la Empresa Municipal de Agua (Empagua) de la Municipalidad de Guatemala.

Todas las adjudicaciones hechas a la entidad del excandidato se han realizado mediante compras directas y la mayoría de los Q14.3 millones que ha obtenido desde 2011, los ha logrado en Empagua.

Empresa de seguridad

La entidad Soluciones Integradas y Profesionales en Seguridad, S. A. (Sipessa) donó durante ocho meses, según los informes presentados ante el TSE, el servicio de seis guardias de seguridad privada, por un valor total de Q144 mil. Sipessa ha obtenido contratos por Q152 mil en los ministerios de Agricultura y de Comunicaciones.

La última adjudicación de Q90 mil la recibió de parte de la Dirección General de Caminos (DGC), que hasta la semana pasada estuvo a cargo de Fredy Chojolán, señalado en investigaciones de este medio, por beneficiar con contratos de infraestructura, a empresas de sus familiares.

Ángel Leonel Rosales Chúa (anterior representante de Sipessa) también laboró para la entidad Sersevi, señalada por el colaborador eficaz en casos de corrupción, Juan Carlos Monzón, de pagar un porcentaje como soborno a cambio de contratos estatales. Sipessa, ahora es representada por Daniel Estuardo Hernández Ruch.

elPeriódico llamó a las oficinas de ARM y de Sipessa para obtener una explicación de parte de los representantes legales y aunque en ambas ofrecieron devolver la llamada, hasta el cierre de esta nota no se recibió ninguna respuesta.
La entidad Transportes Aéreos de Guatemala, S. A. aportó horas de vuelo para el transporte de candidatos, valoradas en Q30 mil 859, y en 2020 ha obtenido Q47 mil 434.

Dos personas para fiscalizar

Jairo Solís, quien desde el 16 de septiembre es subdirector de Inscripción y Precalificación del RGAE, aseguró que de parte de las unidades ejecutoras contratantes de los servicios ha existido un “incumplimiento de la norma” al adjudicar compras a empresas que financiaron a un partido político.

Ante ello, aseguró que el RGAE verificará todas las donaciones que en el pasado se pudieron realizar de manera anómala. Sin embargo, dice que para ese proceso solo cuentan con dos personas y que ellas deben revisar varios expedientes, notificar a los proveedores y “velar por el cumplimento del debido proceso”.

Solís justificó que la empresa Sipessa logró su registro como proveedor porque realizó su precalificación el 11 de mayo, nueve días antes de que el TSE y el Minfin enlazaran sus datos para comprobar quiénes tenían impedimento para ser inscritos como proveedores.

Agregó que, en el caso de la empresa individual de Bosarreyes Mockson, los contratistas a quienes se les realicen compras de baja cuantía (menores a Q25 mil) no tienen la obligación de registrarse en el RGAE. Es decir, pueden evadir la ley más fácilmente. Solís dijo que, esta falta de regulación es “una de las falencias de la Ley”.

De corporación mexicana

La sociedad anónima Carburantes del Atlántico también figura entre los financistas de Vamos, que durante la campaña donó al partido vales de combustible valorados en Q28 mil. Este año le aparecen ventas por Q1,498. Como representantes de la empresa (de la corporación Full Gas) figuraban los mexicanos José Gabriel Figueroa Gasque y Clemente Salazar Acosta, así como Juan Roberto Montenegro Morales, exasesor de la Municipalidad de San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.

Ninguna entidad del Estado ha notificado al Registro General de Adjudicaciones de alguna inhabilitación de empresas.