Tras la victoria de Alejandro Giammattei en las elecciones presidenciales de 2019, cinco empresas que financiaron a la organización política Vamos, con la que Giammattei logró la silla presidencial, han recibido adjudicaciones por Q4.6 millones en instituciones estatales, a pesar de que la Ley de Contrataciones del Estado prohíbe ser proveedor público a quienes hayan financiado a organizaciones políticas o campañas electorales. El incumplimiento se produjo debido a que el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), adscrito al Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), no estaba enlazado con la base de datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de las empresas y personas individuales que figuran como financistas electorales. Además, ninguna entidad contratante, como ministerios o municipalidades, han notificado de alguna inhabilitación que deba realizarse a un financista, aunque la Ley de Contrataciones también los obliga a hacerlo. El Artículo 80 y literal “i” de la Ley de Contrataciones señala que,