Versión en inglés: How Donald Trump Helped Kneecap the Robert Mueller of Latin America

Esta historia fue producida por Reveal,delCenter for Investigative Reporting, una organización de noticias sin fines de lucro.

Un fiscal anticorrupción que lucha por la causa, dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, pasaportes falsificados, la reubicación de una embajada en Jerusalén y las acusaciones de colaboración con el régimen del presidente ruso Vladimir Putin.   Esta es la historia de cómo la Administración de Trump le dio caravuelta a la relación de Estados Unidos con Guatemala.

En el centro de la historia se encuentra un presunto quid pro quo entre Donald Trump y Jimmy Morales, un excomediante de la televisión que fue elegido presidente de Guatemala.

El hombre que presenta la acusación: Iván Velásquez, un implacable fiscal colombiano a quien muchos llaman el Robert Mueller de Latinoamérica. Conocido por encarcelar a presidentes y paramilitares, contaba con el apoyo de las Naciones Unidas y del entonces vicepresidente Joe Biden cuando aceptó el desafío de erradicar la corrupción en Guatemala.

No obstante, Velásquez se topó con la horma de su zapato cuando se enfrentó a Morales. Y Trump respaldó a Morales.

“Tal como lo vemos en la realidad. Es un negocio en donde se pretende que ambas partes ganen”, le comentó Velásquez a Reveal,delCenter for Investigative Reporting. “Nosotros apoyamos todo lo suyo. Usted apoyenos a nosotros de esta persecución que desata la CICIG contra nosotros lo ayudaremos”.

Así como en el caso del supuesto quid pro quocon Ucrania, el cual el año pasado provocó el proceso de destitución de Trump, los detalles pueden parecer confusos, pero, a la larga, dice Velásquez, el intercambio fue simple: Trump retiró el apoyo de Estados Unidos a una fuerza internacional anticorrupción que estaba investigando a Morales y a su familia. Morales ofreció el apoyo concreto de Guatemala para las políticas centrales de la campaña de reelección de Trump.

La fuerza anticorrupción de Velásquez “era una moneda de cambio”, expresó a Reveal un asesor sénior de políticas del Departamento de Estado. Dijo que no tenía pruebas directas de un quid pro quo, pero era claro que la comisión “era algo de lo que Morales quería deshacerse y nos alegró apoyarlo. No respaldamos la comisión cuando más nos necesitaba”. 

La clave para la Administración fue asegurar el apoyo de Morales a las políticas destinadas a evitar que los centroamericanos llegaran a la frontera de Estados Unidos, expresó el funcionario. “Nada importaba, excepto evitar que la gente morena entrara a este país”, señaló el asesor. “Todas nuestras otras políticas simplemente estaban subordinadas a este objetivo”.

El giro de los acontecimientos supuso victorias políticas tanto para Morales como para Trump.

Sin embargo, en Guatemala, el impacto del fin de la fuerza anticorrupción ha sido innegable, un colapso del Estado de derecho que recuerda los malos tiempos cuando gobernaba la dictadura militar.

Esto alimentó un sentimiento que muchos guatemaltecos han experimentado por generaciones: la única manera de alcanzar un mejor futuro es marcharse y encontrarlo en otro lugar. Por esa razón, pese a la dura poliza migratoria de Trump, un número récord de migrantes desesperados huyeron del país hacia la frontera de Estados Unidos, hasta que la pandemia del COVID-19 paralizó al mundo.

El exportavoz presidencial de Morales, Alfredo Brito, se negó a emitir comentarios para esta historia; el Departamento de Estado y la Casa Blanca no respondieron a las múltiples solicitudes de información sobre el tema.

Nuestra historia inicia en el 2013.  Es el año en el que pusieron a Iván Velásquez a cargo de un organismo especial de las Naciones Unidas llamado Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, mejor conocido como la CICIG, por sus siglas en español.

La ONU y el Gobierno de Guatemala, con el respaldo de Estados Unidos, crearon la comisión con el fin de erradicar la corrupción en Guatemala, después de décadas de guerra civil y de régimen militar que dejaron 200,000 muertos —de los cuales la gran mayoría eran indígenas mayas—, y los sistemas políticos y civiles de la nación en ruinas. La CICIG fue un cambio revolucionario, un caso raro en el que un país invitó a una fuerza exterior para que ayudara a que su sociedad se tornara más equitativa.  La comisión creó sistemas judiciales en comunidades rurales, buscó erradicar el soborno en los hospitales y presentó cargos por malversación de fondos contra miembros de altos rangos de la antigua junta militar.

“Fue un ejemplo estelar de lo que funciona”, aseveró Stephen Rapp, un exfiscal de la ONU que durante la presidencia de Barack Obama se desempeñó como embajador extraordinario de Estados Unidos para los asuntos de crímenes de guerra. 

Velásquez, como jefe de la CICIG, sería una figura poderosa. Podía investigar a cualquiera, incluso al presidente, y podía presentar cargos ante los tribunales de justicia guatemaltecos con la cooperación de la audaz fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana ―algo similar a lo que hace un fiscal especial en Estados Unidos. 

En ese entonces, Velásquez, ahora con 65 años, ya era una figura destacada en Latinoamérica. Luego de investigar las denuncias de tortura y ejecuciones extrajudiciales en su ciudad natal de Medellín, Colombia, el alto y barbudo fiscal se fue a trabajar a la Corte Suprema de Colombia, donde investigó a 139 miembros del Congreso por sus vínculos con los paramilitares.  El escándalo de la llamada “parapolítica” finalmente condujo a la condena de siete gobernadores y sesenta miembros del Congreso. Algunos de los asistentes más cercanos al expresidente Álvaro Uribe, el primo de Uribe y el director del Departamento Administrativo de Seguridad fueron llevados a prisión y la agencia de inteligencia fue desmantelada.

Velásquez se había retirado de la vida pública y daba conferencias en las universidades cuando la ONU le habló sobre el puesto en Guatemala. “Yo pensé quepodría ser una experiencia interesante”, le comentó a Reveal, “y efectivamente fue una experiencia muy interesante.”

Cuando Velásquez llegó a Guatemala, la lucha contra la corrupción ya estaba atada con el problema de la migración hacia Estados Unidos. Para el verano del 2014, más de 50,000 niños no acompañados habían llegado a la frontera de Estados Unidos con México, la mayoría de ellos, de Centroamérica. Al llamarla una “situación humanitaria urgente”, Obama acudió a su representante de mayor confianza: El vicepresidente Joe Biden.

Biden viajó a Guatemala, posó para ser fotografiado con el entonces presidente Otto Pérez Molina y trazó una línea recta entre migración y corrupción.  

“Tenemos que resolver el asunto de la inmigración, pero a la vez sus causas fundamentales”, aseveró más tarde. En ese entonces también impulsó un paquete de ayuda para Centroamérica que, en última instancia, significaría el envío de más de mil millones de dólares a Guatemala en el transcurso de cinco años.

De acuerdo con Biden, el dinero se destinaría a ayudar a agricultores y pequeñas empresas, así como a profesionalizar a la Policía, con el fin mejorar las condiciones para que los guatemaltecos no tendrían que huir hacia la frontera de Estados Unidos y pudieran prosperar en Guatemala.

Pero para ello el Gobierno de Guatemala tendría que promover una sociedad equitativa, con oportunidades para todos los guatemaltecos. El estado tendría que ir más allá de únicamente beneficiera a la élite y garantizar que todos los guatemaltecos pudieran iniciar un negocio, reclamar tierras o recibir atención médica. De otro modo, las familias ―incluso los niños no acompañados― seguirían huyendo del país. Y la ayuda llegó, pero con condiciones.

“Yo dejé claro que los fondos de Estados Unidos para Guatemala dependían de que se le permitiera a la CICIG continuar con su trabajo”, escribió Biden después de dejar el cargo.

En los próximos años, Biden demostraría ser un importante defensor de la CICIG. Lo que tal vez no había previsto era que uno de los primeros blancos de Velásquez sería el presidente de Guatemala con quien Biden acababa de estrechar la mano.

A Velásquez le gusta plantear: “¿Si la justicia es solo para los desposeídos, es justicia?”. Para que los ciudadanos crean en el Estado de derecho, deben verlo también aplicado a las personas que están en el poder. 

Cuando las pruebas sacaron a relucir que Pérez Molina estaba involucrado en una red multimillonaria de fraude aduanero en el aeropuerto, Velásquez autorizó las escuchas telefónicas que dieron lugar a cargos por soborno y fraude.  Apenas un año después de la visita de Biden, Pérez Molina ingresó a prisión. El expresidente, al día de hoy, aún se encuentra en la cárcel  a la espera del juicio.

Para Rapp, el exembajador para asuntos de crímenes de guerra, el presidente guatemalteco fue un caso bien escogido. Antes de los acuerdos de paz, Pérez Molina, como oficial militar de alto rango, estuvo implicado en las políticas de tierra arrasada del dictador Efraín Ríos Montt en la década de los ochenta.

Pero aquellos supuestos delitos tan antiguos no formaban parte de la competencia de la CICIG. “Yo soy un gran admirador del método aplicado a Al Capone”, afirmó Rapp, refiriéndose al gánster estadounidense que finalmente fue a la cárcel por evasión de impuestos. “Preferiría atraparlos por las peores cosas que hicieron, pero, de cualquier manera, la impunidad ha terminado”.

Con Pérez Molina tras las rejas, se convocaron nuevas elecciones en Guatemala, dando lugar a una figura política que muchos han comparado con Donald Trump.

Jimmy Morales fue un comediante de televisión famoso por su humor crudo y racista.

En casi todos los episodios de su programa semanal, Moralejas, aparecía de como payaso con la cara cubierta de color cafe. Un episodio inicia con Morales sobre una alfombra voladora yen solo un minuto, se burla de la anatomía femenina, los afro-guatemaltecos, de la decendencia árabe, de comunidades indigenas de la región  y hasta de los ciegos.

Al igual que Trump, Morales se pregonaba como un reformador. Trump prometía “drenar el pantano”; el lema de la campaña de Morales era “ni corrupto, ni ladrón”.

Dicho lema no solamente convenció al electorado guatemalteco, sino que también recibió los aplausos de Washington.  Cuando Morales tomó posesión del cargo el 15 de enero del 2016, Biden regresó a Guatemala para asistir al evento.

Morales se reunió con él en la pista de aterrizaje y más tarde los dos líderes se sentaban en cómodas butacas a unos cuantos metros de distancia en el hotel InterContinental, en la Ciudad de Guatemala. El estado de ánimo era de felicitación. “Quiero felicitarlo por su compromiso de enfrentar la corrupción en su país”, expresó Biden a Morales, mientras le anunciaba otro paquete de ayuda de Estados Unidos.  “Todos estamos en esto”.

El dinero estadounidense seguía fluyendo. Al año siguiente, en enero del 2017, unos pocos días antes de que Obama y Biden dejaran el cargo, Velásquez fue fotografiado sosteniendo un gran cheque por US$7.5 millones emitido por la Embajada de Estados Unidos para la comisión anticorrupción.

“Yo también creí que él tenía buenas intenciones”, se manifestó Velásquez sobre Morales. “Pero también fui engañado”.

La relación entre Velásquez y Morales empezó a desmoronarse debido a unos desayunos.

Velásquez estaba investigando un caso de fraude en el que alguien había cobrado al Gobierno cerca de US$12,000 por 564 desayunos que nunca se sirvieron. A medida que se revelaban las pruebas, fueron apareciendo algunos nombres familiares, incluido el de uno de los hijos del presidente, José Manuel Morales, y el del hermano mayor del presidente, Sammy, cercano asesor del mandatario.

Entonces Velásquez contactó al presidente.

“Le dije al presidente: ‘¿Supo de esta investigación?’”, recuerda. “‘El nombre de su hijo apareció y parece está envueltoen un fraude’”. Velásquez indica haberle dicho a Morales que su hijo debería comparecer ante un juez. 

“Pero mi hijo está estudiando en Estados Unidos”, respondió Morales, según cuenta Velásquez. “¿Debería regresar?”.

“Sí —contestó Velásquez—, él debería regresar”.

No significaba una gran suma de dinero, pero para Velásquez ese no era el punto. Para terminar con la cultura de impunidad, tenía que haber igualdad, justicia para todos. “En este país, lo que hemos sabido y visto es que la justicia no toca al poderoso”, le aseveró a Reveal.

El 18 de enero del 2017, dos días antes de que Trump asumiera la presidencia, Velásquez y Aldana habían arrestado a Sammy Morales y a José Manuel Morales por fraude.

Ambos se proclamaron inocentes. En una entrevista reciente, Sammy Morales afirmó que a Velásquez “únicamente le interesaba la publicidad”.  “Él envió a un equipo de la SWAT a mi casa”, contó. “Hizo un escándalo, un show internacional,  por US$11,000”.

El presidente apoyaba a Velásquez y la CICIG. “El apoyo a mi familia es del cien por ciento”, afirmó. “Mi respeto hacia la ley, como ciudadano y como presidente, también es del cien por ciento”.

Lo que Jimmy Morales no sabía en ese entonces era que Velásquez también lo estaba investigando a él.

El 25 de agosto del 2017, Velásquez, junto con Aldana, solicitó a la Corte Suprema despojar a Morales de su inmunidad presidencial.  Los fiscales aseveraron que ellos habían identificado por lo menos US$825,000 en contribuciones ilícitas anónimas para la campaña presidencial de Morales ―y querían someterlo a juicio―. 

Morales reaccionó. En un videomensaje publicado en Twitter, declaró a Iván Velásquez “persona non grata” y ordenó que fuera expulsado del país.  “Con esa decisión, se cayeron las máscaras”, dijo Velásquez. “Todos se mostraban como realmente eran”.

Velásquez se negó a salir del país y miles de personas salieron a las calles para apoyarlo.   Guatemaltecos jóvenes y ancianos, desde abuelas hasta estudiantes, protestaban en las afueras del palacio presidencial, tocando tambores y portando carteles.  Les preocupaba que sin Velásquez el país regresara a la época en la que los poderosos podían hacer cualquier cosa, incluso matar gente, y salirse con la suya.

Morales se encontraba cada vez más aislado. Varios miembros de su gabinete, incluido el ministro de Relaciones Exteriores, fueron expulsados o renunciaron después de rechazar la orden de expulsión. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, las Naciones Unidas y el Gobierno de Estados Unidos también se pusieron del lado de Velásquez. Al final, Morales se retractó. 

Sin embargo, unas semanas más tarde, surgió otro golpe. Después de que la Corte Suprema resolviera que Morales podía ser procesado, el Congreso de Guatemala intervino y, por un margen de 2 a 1, los diputados votaron para proteger a Morales del juicio. Los diputados también votaron, con el mismo gran margen, para protegerse a sí mismos al aprobar una nueva ley que los eximía de ser procesados por violaciones en cuanto al financiamiento de campañas. Según The Wall Street Journal, miembros con altos cargos de los dos partidos políticos más grandes del país también enfrentaban posibles juicios por parte de la CICIG.

La comisión podría continuar con sus otras labores anticorrupción, pero los funcionarios con altos cargos en el Gobierno ahora estarían fuera del alcance. Era un estancamiento molesto. Y no duraría.

Con la elección de Donald Trump básicamente cambió la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica. Atrás quedaron Joe Biden y su compromiso de abordar las “causas fundamentales” de la inmigración, tales como la pobreza y la corrupción. En su lugar, estaba la promesa de Trump de construir un “gran muro hermoso” en la frontera para frenar la inmigración centroamericana de una vez por todas. Aquellos que pudieran haber eludido a los agentes fronterizos iban a ser detenidos, separados de sus familias y deportados.

Esas rigurosas políticas ensombrecieron las relaciones entre Estados Unidos y muchos líderes latinoamericanos. Sin embargo, ese no fue el caso de Jimmy Morales, quien, por el contrario, cultivó lazos políticos con Trump.

En diciembre del 2017, tres meses después del fallido intento de Morales de echar a Velásquez, al mandatario se le presentó una oportunidad. Trump anunció que iba a trasladar la embajada de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, una maniobra que, según expertos regionales, podía socavar las perspectivas de un acuerdo de paz, ya que tanto israelíes como palestinos reclaman la ciudad santa como su capital.  La Asamblea General de la ONU votó 128 a 9 para condenar el traslado, con Guatemala unida al desacuerdo de la minoría. 

Trasladar la Embajada de Estados Unidos había sido una promesa clave de campaña hecha por Trump a su base electoral de la derecha cristiana. Sin embargo, la decisión lo aisló en el escenario mundial; fue la única nación que tomó ese paso provocador, es decir, hasta la víspera de Navidad, cuando Morales, cristiano evangélico, entregó un regalo con motivo de ese día festivo. Él también trasladaría la embajada de su país a Jerusalén, anunció a través de Facebook. Según reportó The New York Times, la decisión “inmediatamente fue vista como un esfuerzo para congraciarse con el señor Trump”.

“Trasladar la Embajada de Guatemala a Jerusalén, por ejemplo envía un mensaje, un congraciarse con la adminstración de Trump”, comentó Velásquez. “Le dice al presidente Trump: ‘Estamos a su disposición”. Morales empezó a realizar visitas a Washington con más frecuencia, comenzando con el Desayuno Nacional de Oración

Ambos líderes conversaron en el hotel Washington Hilton antes del evento que tendría lugar al iniciar febrero. La Casa Blanca indicó que Trump agradeció a Morales el traslado de la embajada de su país y habló sobre “los desafíos subyacentes de Guatemala en cuanto a seguridad y prosperidad”.

De acuerdo con Velásquez, es posible que los dos líderes también hayan establecido un vínculo debido a su compartida aversión a los fiscales apasionados por su trabajo: “Usted tiene a Robert Mueller en Estados Unidos. Yo sufro la persecución de Iván Velásquez en Guatemala”, expresó Velásquez. “Yo entiendo lo que está sufriendo. Saque a la CICIG y  si eso no se puede, ¡saque a Velásquez!”.

Luego de esa reunión, la postura de Estados Unidos hacia la comisión contra la corrupción cambió.

Unas semanas después, la embajadora de Trump para las Naciones Unidas, Nikki Haley, visitó a Velásquez. Frente a las cámaras apoyó el trabajo de la comisión; sin embargo, según Velásquez, en la reunión que ambos sostuvieron, ella le dijo que se moderara. “Deje de alardear con que su nivel de popularidad es mayor que el del Gobierno y deshágase del a esas calcomanías que dicen ‘yo amo a la CICIG’” y todo el material promocional.

Haley quería que él se mantuviera en el “completo anonimato”, refirió Velásquez. Describió la visita de Haley como “una clara expresión de apoyo al presidente Morales”. Haley no respondió a las múltiples solicitudes de algún comentario.

A los días de haber regresado de Guatemala, regreso a Washington para participar en la convención anual del Comité de Relaciones Públicas Estados Unidos-Israel, el grupo de cabildeo pro-Israel más grande del país. Morales también estuvo ahí.

“Dios bendiga a Guatemala”, declaró ella ante estruendosos vítores. “¡Incluso se unieron a nosotros con trasladar su embajada a Jerusalén!”.

Con todo, Velásquez siguió presionando en su caso contra Morales, asistiendo a una conferencia de prensa el siguiente mes, cuando al presidente se le acusó de aceptar contribuciones ilegales durante su campaña provenientes de empresas de los sectores de alimentos, cemento y servicios financieros.

Pese a la cercana relación de Morales con la Administración de Trump, el financiamiento estadounidense de la comisión estaba seguro gracias a un amplio apoyo en el Congreso. Sin embargo, ese apoyo iba a colapsar pronto.

En marzo, justo antes de que el coronavirus llevara a la paralización de gran parte del país, viajamos para ir a una pequeña cafetería en un sector de San Francisco inmerso en la neblina, ubicado a una distancia de aproximadamente 1.5 kilómetros del puente Golden Gate. Estábamos allí para encontrarnos con un agente extranjero, David Landau, el representante estadounidense de una organización dark money [establecida como una entidad sin fines de lucro, la cual financia en el ámbito político con fondos cuyo origen no está obligada a revelar] —uno de varios grupos que había cabildeado en la Administración de Trump y en el Congreso para que Estados Unidos le retirara el apoyo a Iván Velásquez y a la comisión a su cargo—. En diciembre del 2017, Landau había presentado ante el Departamento de Justicia documentación en su calidad de director de la Association for the Rule of Law in Central America [Asociación para el Estado de Derecho en Centroamérica] según la Ley para el Registro de Agentes Extranjeros.

Landau, un graduado de Harvard con 70 años de edad que afirma haber escrito “el libro más acreditado sobre Henry Kissinger”, se jacta de mantener una larga amistad con muchos cubanos anticastristas. Por años dirigió una pequeña editorial para escritores anticomunistas que solo generaba pérdidas. En la actualidad, dona su tiempo editando un sitio web de derecha enfocado en Guatemala.

Al arribar, Landau nos saludó amablemente y nos invitó a unas galletas veganas. No obstante, se comportó de forma evasiva cuando le pedimos detalles del cabildeo que ayudó a orquestar en Washington contra Velásquez y la comisión.

“Yo estaba ayudando a los financistas de esa actividad —señaló—, pero realmente no sería responsable de mi parte decir quiénes fueron”.

En cuanto a su rol en sí en el grupo de cabildeo, fue igualmente vago. “El hecho es que yo soy quien cuenta con una dirección, casilla de correos o lo que fuera en Estados Unidos”, fue todo que Landau ofreció por respuesta.

Sin embargo, Landau fue al grano al hablar sobre la meta del grupo: “Queríamos sacar a la CICIG”. Además, cobró entusiasmó al describir a la familia de multimillonarios rusos que desempeñaron un papel crucial en la caída de Velásquez.

Los Bitkov eran una familia de magnates rusos que habían hecho su fortuna en la industria maderera. Pero después de huir cuando un poderoso banco vinculado al Gobierno los demandó por fraude, llegaron a Guatemala en el 2009. Posteriormente, compraron tanto pasaportes como documentos de identificación falsos y asumieron nuevas identidades como guatemaltecos.

Para Velásquez, este era solo otro caso en el cual los ricos compran justicia. Durante su labor con los fiscales guatemaltecos procuró la imposición de rigurosas penas a docenas de extranjeros que usaron documentos falsos para poder entrar al país, los cuales habían obtenido de una red criminal en la Dirección General de Migración. Tres miembros de la familia Bitkov fueron acusados de usurpación de identidad y, en enero del 2018, a cada uno se le impuso una pena de más de una década en prisión —el padre, el empresario Igor Bitkov, fue sentenciado a 19 años—. En lo que concernía a Velásquez, el caso era un frente más en su amplia campaña contra la corrupción. Pero Landau y su grupo de cabildeo vieron una oportunidad y rápidamente convirtieron el caso en un tema controversial de carácter internacional.

“Él trabajaba con Vladimir Putin”, aseveró Landau acerca de Velásquez, sin proporcionar evidencia alguna. “Recibió dinero de Vladimir Putin. Hizo un trato con Vladimir Putin”.

La CICIG nunca recibió financiamiento de Rusia y tampoco han surgido pruebas de vínculos con dicha nación. Velásquez niega cualquier relación y señala que Rusia se oponía a la comisión. “Jamás he estado en Rusia. No tengo ninguna relación con los rusos, la CICIG nunca ha recibido un centavo de Rusia y no conozco a Vladimir Putin”, indicó a Reveal.

Sin embargo, la versión infundada de Landau comenzó a prevalecer mediante una serie de columnas publicadas en The Wall Street Journal. Legisladores influyentes, incluso el senador republicano de Florida Marco Rubio, empezaron a hacer preguntas. En abril del 2018, en los pasillos del Congreso se inició una discusión abierta acerca de retirarle el financiamiento a la CICIG.

El 27 de abril del 2018, mientras Morales y Trump establecían un vínculo basado en la cuestión de Israel, la Comisión de Helsinki, órgano especial del Congreso creado durante la Guerra Fría, convocó una audiencia. El representante Chris Smith, un republicano por Nueva Jersey, copresidió la audiencia, titulada “El largo brazo de la injusticia: ¿Acaso una comisión de la ONU establecida con el fin de combatir la corrupción ayudó al Kremlin a destruir una familia rusa?”. En su declaración de apertura, Smith indicó que las sentencias impuestas a los Bitkov eran “más rigurosas que las sentencias con las cuales se castiga a violadores y asesinos”.

“Lo más impactante es que los hechos del caso definitivamente apuntan… a que la CICIG actuó como el agente de operaciones del Kremlin al vejar y atormentar a los Bitkov”, expresó.

La representante demócrata de Texas Sheila Jackson-Lee contribuyó al asociar la persecución de los Bitkov por parte de Velásquez a la interferencia rusa en las elecciones presidenciales del 2016 en Estados Unidos.

“Pienso que el punto importante que debe conocer el mundo es que Rusia actúa como un mafioso internacional”, refirió. “Debemos decirle al Gobierno ruso, a la agencia de inteligencia, a Vladimir Putin, que ya basta de brutalidad. Espero que ese sea nuestro objetivo”.

Velásquez se rehusó a comparecer a la audiencia; indicó que, por ser un funcionario de las Naciones Unidas, no habría sido apropiado testificar. Velásquez expresó a Reveal que continuó presionando en relación con el caso a pesar de la inmensa presión de Washington porque consideró importante defender “a los fiscales de Guatemala, a los jueces de Guatemala que han tomado esas decisiones”.

Aun así, la versión se consolidó y el apoyo del Congreso a la CICIG se desvaneció.

Una semana después de la audiencia, Rubio suspendió el financiamiento a la comisión, diciendo que no lo permitiría “hasta que tengamos respuestas claras sobre su papel en el abuso cometido contra los Bitkov”.

“Me preocupa que la CICIG, una comisión financiada en su mayoría por Estados Unidos, haya sido manipulada y utilizada por elementos radicales y la campaña de Rusia contra la familia Bitkov”, anunció. De acuerdo con Rubio, la CICIG fue creada “para perseguir la corrupción y la violación de los derechos humanos en que incurran funcionarios del Estado, no para participar en actos de ese tipo”.

Los Bitkov fueron liberados bajo fianza ese verano luego de que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala revocara sus sentencias y remitiera el caso a un tribunal de menor jerarquía. Al momento de esta publicación, la novela judicial continúa.

Habiendo finalizado su trabajo, la organización de David Landau dio por terminado su contrato de cabildeo a finales de ese mes.

El 31 de agosto del 2018, Velásquez encendió la televisión. Las cámaras mostraron al presidente guatemalteco Jimmy Morales mientras ingresaba a un corredor flanqueado por 50 oficiales militares en posición de firmes. Muchos en Guatemala temieron el fin de la democracia —en otras palabras, un golpe militar—; no obstante, Morales estaba allí para anunciar la expulsión de la CICIG. La comisión era culpable de sembrar “el terror judicial”, aseveró.

Las instalaciones de la CICIG fueron rodeadas por tanques y una docena de jeeps con artillería montada proporcionados por la patrulla militar estadounidense para combatir el narcotráfico.

Todo esto impactó profundamente a la sociedad guatemalteca —fue un sombrío recordatorio de la guerra civil y el régimen militar—.

“Guatemala es un país que sufrió por décadas la dictadura militar y una represión inmisericordie”, señaló Velásquez a Reveal. “Mataron a una generación entera de intelectuales. Se cometió genocidio; miles de indígenas perdieron la vida, desaparecidos, torturados. El simple hecho de la presencia de tantos  militares y los tanques con artillería frente a la comisión era un hacer para que los mayors de 40 años recordarán como eran las cosas”.

Mientras transcurría esta tensa situación, Velásquez atendió el teléfono. “Estoy hablando con el embajador de Estados Unidos”, nos dijo.

Pero esta vez, Estados Unidos no iba a brindar su ayuda.

El día siguiente, la Administración de Trump respaldaba públicamente a Morales. El secretario de Estado Mike Pompeo envió un mensaje a través de Twitter: “Nuestra relación con Guatemala es importante”. A la vez, guardó silencio en cuanto a la expulsión de la comisión, así como en lo referente a la presencia de los tanques y los vehículos estadounidenses en las calles. Tras la publicación del tuit, Pompeo llamó a Morales por teléfono. Un comunicado al respecto emitido por el Departamento de Estado evidencia una vez más la ausencia de censura. En su lugar, de acuerdo con dicha información, Pompeo manifestó su apoyo por una “CICIG reformada”.

Joe Biden, aliado de Velásquez desde hace largo tiempo, se horrorizó; unos meses más tarde escribió en una columna: “Para los cleptócratas de toda la región el mensaje no pudo haber dicho más abiertamente que el combate a la corrupción ya no es relevante para Estados Unidos. Es algo que nos duele a todos”. Pero Biden desde hacía mucho ya no era integrante del Gobierno.

Velásquez intentó soportar la situación, pero cuando partió para asistir a las reuniones de la ONU que se celebrarían en Nueva York, Morales emitió públicamente otra declaración en la cual manifestaba que a Velásquez no se le permitiría regresar a Guatemala.

Finalmente, los efectos personales de Velásquez le fueron enviados a su país de origen, Colombia. Allí fue donde tuvo lugar nuestro encuentro anteriormente este año.

Velásquez trató de dirigir la CICIG desde Colombia, contando con un equipo mínimo de fiscales internacionales y ciudadanos guatemaltecos que se habían quedado. No obstante, le resultó imposible. En agosto del 2019, el hijo y el hermano de Jimmy Morales fueron absueltos de los cargos de fraude originados por el escándalo de los desayunos.

El mes siguiente, un año después de que Velásquez fuera forzado a salir de Guatemala, la comisión contra la corrupción desapareció para siempre. Al no contar con los fondos provenientes de Estados Unidos ni tener el apoyo de Guatemala, no quedaban esperanzas de otorgamiento de una extensión del mandato. Así, el personal que quedó en Guatemala empacó en cajas los registros de la comisión, desocupó las instalaciones y cerró las puertas definitivamente.

La fuerza anticorrupción se había enfrentado tanto a presidentes como a narcotraficantes y había causado la destitución de más de una docena de jueces y miles de policías. Había representado un rayo de esperanza para una generación de guatemaltecos. Ahora, había dejado de existir.

Conforme Jimmy Morales aumentaba la presión sobre Iván Velásquez y su fuerza internacional anticorrupción, los guatemaltecos evidenciaban su insatisfacción marchándose del país. Según información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el número de familias guatemaltecas capturadas en la frontera suroeste en el 2018 fue de 50,000, lo cual representa más del doble de las 23,000 correspondientes al 2016, año en el que Morales asumió el poder.

El año siguiente, después de la expulsión de Velásquez, el número se disparó y llegó a 185,000 familias guatemaltecas capturadas en la frontera. La nación funcional a la cual se suponía que la CICIG le abriría paso se sintió más distante que nunca.

Entre tanto, la relación política de Morales con Donald Trump se fortaleció. Morales apenas si profirió palabras de censura a través de Facebook cuando el presidente de Estados Unidos implementó su política de separación de familias, bajo la cual se alejaba de sus padres a los menores inmigrantes y se les encarcelaba en bodegas, gimnasios e incluso jaulas.

En cambio, en julio del 2019, Morales y Trump anunciaron un acuerdo migratorio. Aunque su propia gente estaba huyendo del país en cantidades récords, Morales convino en hacer de Guatemala un “tercer país seguro” para aquellos migrantes en busca de asilo en Estados Unidos. Según el acuerdo, los migrantes de otros países centroamericanos, tales como Honduras y El Salvador no pueden solicitar asilo en Estados Unidos. En su lugar, deben pedir primero asilo en Guatemala.

Lo pactado fue muy mal visto en Guatemala y le ganó a Morales otra reprimenda de la Corte de Constitucionalidad del país. Sin embargo, el acuerdo ya se había celebrado y, con ello, conforme Velásquez le manifestó a Reveal, el quid pro quo se había completado.

En diciembre, poco antes de que Morales dejara el cargo, estando constitucionalmente imposibilitado de buscar la reelección, viajó a Washington una vez más, en esta ocasión, para una reunión con Trump en el despacho oval.

“Hemos firmado acuerdos con Guatemala que realmente han sido formidables para ambas naciones, pero para nuestro país, en lo que respecta a los ilegales que ingresan a nuestro país”, dijo Trump a los reporteros.

Posteriormente, cuando se le preguntó al presidente de Estados Unidos si vería las audiencias del proceso de destitución que se llevarían a cabo el día siguiente en relación con un supuesto quid pro quo con Ucrania, lamentó que su principal antagonista, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes Adam Schiff, no pudiera ser sometido a proceso judicial en Estados Unidos y sugirió que mejor debería enfrentarse a la justicia al estilo de Guatemala.

“En Guatemala manejan las cosas de una forma muy diferente, mucho más estricta”, indicó.

La periodista Maria Martin contribuyó para esta historia con el apoyo del Fund for Investigative Journalism. La edición [de la versión en inglés] estuvo a cargo de Esther Kaplan. La revisión de estilo [de la versión en inglés] estuvo a cargo de Nikki Frick.