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Nacionales

Auditoría identifica corrupción en programas de emergencia


En Santiago Atitlán algunos recibieron solo la mitad del kit de alimentos, según el informe.

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La Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad (Rednac-TP) efectuó un ejercicio de auditoría social sobre los programas de gobierno para la atención de la pandemia de coronavirus y encontró que la corrupción alcanza diversos niveles de la administración pública.

En el estudio se revisó la ejecución de programas sociales implementados en los departamentos de Chiquimula, Alta Verapaz, Sacatepéquez, Huehuetenango, Sololá y Chimaltenango.

Varias de las anomalías encontradas en el municipio de Amatitlán dieron lugar a una denuncia penal que se presentó ayer ante el Ministerio Público (MP), que señala la posible sobrevaloración en la compra de medicamentos para tratar el COVID-19 y en la compra de pruebas rápidas. También se cuestiona la adjudicación a empresas de reciente creación, lo que pone en duda su experiencia como proveedores del Estado.

En Santiago Atitlán, departamento de Sololá, se encontró falta de lineamientos para entregar el kit de alimentos Juntos Saldremos Adelante, a cargo de la autoridad municipal, por lo que se incluyó como beneficiarios a trabajadores y extrabajadores de la comuna y a propietarios de comercios formales. Un 65 por ciento de los beneficiarios encuestados respondieron que recibieron la caja de alimentos por compromiso político, de haber apoyado al Alcalde en las elecciones pasadas.

Como parte del programa de alimentación escolar se compraron mascarillas para las organizaciones de padres de familia y docentes, por un costo de Q903 mil, pero 120 mil 408 no fueron recibidas porque no llenaban los requisitos mínimos o porque se les encontró alguna deficiencia. Además, la proveedora, Inversiones Burart, incumplió con la fecha de entrega en Alta Verapaz, Baja Verapaz, Huehuetenango, Jalapa, Petén, Quiché, San Marcos y Santa Rosa, entre otros hallazgos del informe.

Contraloría ausente

Una de las conclusiones del estudio ciudadano es que la Contraloría no cumple con su función fiscalizadora, por lo que no existe un ente aliado en la lucha contra la corrupción.

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