El Departamento de Juicios Penales de la Contraloría General de Cuentas (CGC) desestimó una denuncia en contra de Alfonso Alonzo Vargas, exministro de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de la administración de Jimmy Morales, por supuestas irregularidades en la compra de un sistema de biobardas. 

Auditores de la CGC presentaron un proyecto de denuncia en contra del exfuncionario por incumplimiento a normativa legal en la adquisición de sistema de retención de desechos sólidos flotantes para la cuenca del Río Motagua, Puerto Barrios, Izabal. 

La denuncia también alcanzaba a Carla Vanessa Franco Hurtarte, exdirectora de Cuencas y Programas Estratégicos, Julio Recinos Castañeda, exviceministro Administrativo Financiero, Otoniel Barrios Toledo, exviceministro de Ambiente y Pablo Oseida Cruz, exdirector de Coordinación Nacional. 

Irregularidades en el concurso

Los auditores de la Contraloría reportaron que al analizar el Contrato No. 054-2019 de fecha 31 de mayo de 2019 para la adquisición del sistema de retención de desechos sólidos por un monto de Q18.9 millones, se determinó que se realizó bajo la modalidad de proveedor único bajo el argumento que se usó está modalidad por ser un proyecto innovador para Guatemala y Centroamérica. 

También se observaron deficiencias en las bases del concurso como dejar a discreción del proveedor el diseño y construcción del sistema y la oferta técnica no contó con un análisis de costos y precios unitarios.

Además, encontraron que el expediente no tenía certificado de calidad de los materiales. Según la Contraloría, el sistema no fue construido con materiales adecuados para que fueran resistentes a diversas condiciones climáticas. 

Sin embargo, el Departamento de Juicios Penales opinó que el proyecto de denuncia no describe hechos susceptibles de investigación penal en contra de Alfonso Alonzo Vargas y otros exfuncionarios del MARN. 

Se recomendó que los auditores analicen la viabilidad de la imposición de una sanción económica en contra de las personas vinculadas a la denuncia por la infracción administrativa por dejar a discreción del proveedor el diseño  y construcción del sistema.