En medio de la pandemia por el COVID-19, el 28 de julio, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y del Registro Nacional de las Personas (Renap) suscribieron el Convenio de Coordinación Interinstitucional, el cual permite a los ciudadanos que “soliciten” un nuevo DPI quedar empadronados automáticamente. Sin embargo, los funcionarios no tomaron en cuenta que hace cuatro años esa misma disposición fue considerada inconstitucional. La opinión desfavorable contra ese mecanismo está incluida en el Dictamen 4528-2015, emitido en 2016 por la CC previo a la aprobación de las últimas reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP). El dictamen, junto con otras posibles contradicciones con la Constitución, son el fundamento con el que el Sindicato de Trabajadores del TSE (STTSE) presentó una acción de amparo que fue admitida a trámite por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Érick Nájera Cruz, secretario general del STTSE, sostiene que el