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Nacionales

Un coronel y empresario vigila la construcción de cárceles y comisarías


Las prioridades presidenciales en seguridad están a cargo de Carlos Franco Urzúa, asesor del Centro de Gobierno.

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Un coronel retirado, miembro de la promoción 108 de la Escuela Politécnica y empresario de seguridad privada, es el delegado del presidente Alejandro Giammattei para darle seguimiento a la construcción de cárceles y comisarías que se financiarán con un millonario préstamo del BCIE.

El coronel Carlos Enrique Franco Urzúa fue compañero de promoción del fallecido Byron Lima Oliva, quien admitió tener el control más allá del centro donde cumplía condena por la ejecución extrajudicial del obispo Juan Gerardi, en 1998.

La influencia de Lima Oliva, presuntamente por financiamiento político, le dio el poder para que sus allegados ocuparan puestos clave en la Dirección General del Sistema Penitenciario y del Ministerio de Gobernación, durante el gobierno del Partido Patriota. Entre ellos, se puede nombrar a Edy Fisher Arbizú y Héctor Florentino Rodríguez Heredia, ambos condenados por casos de corrupción, también de la promoción 108.

Franco Urzúa es fundador de tres compañías de seguridad privada, creadas entre 1999 y 2017: Comando Técnico de Seguridad; Fusep, y Soporte Logístico para Empresas de Seguridad Privada. La exrepresentante legal de Comando Técnico, Maritza Domínguez Pérez, fue detenida en 2015 como presunta integrante de una estructura de lavado de dinero del narcotráfico.

Nexos de alto rango

Los nexos empresariales de Franco Urzúa lo conectan con personalidades del poder político y militar. Una de las empresas, Fusep, fue creada junto con Jorge Roberto Ruiz Serovic, el ex viceministro de Política de Defensa durante el gobierno de Jimmy Morales. Con el cambio de gobierno, Ruiz Serovic obtuvo un contrato por servicios técnicos con la Dirección General de Aeronáutica Civil.

A Ruiz Serovic le tocó responder a los cuestionamientos públicos y en el Congreso por el negocio fallido de la compra de los aviones Pampa III. En 2016, el Ejército le impuso a Ruiz Serovic una sanción simbólica por el extravío de 1,449 granadas del Comando Aéreo del Norte, que entonces estaba a su cargo.

La sociedad anónima Comando Técnico de Seguridad se constituyó en 1999 por Franco Urzúa, junto con el general en retiro Julio César Paz Bone, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa durante el gobierno de FCN-Nación y de Freddy Rodríguez Chilel. El tercero de los socios de Urzúa tiene un contrato vigente como asesor en protocolo y ceremonial para la Vicepresidencia de la República, servicios que presta desde hace varias administraciones de gobierno.

De las tres empresas, únicamente Fusep tiene licencia vigente para brindar servicios de seguridad privada, se mantiene en constante reclutamiento de personal para trabajar en varios departamentos del país. Soporte Logístico y Fusep registran como sede el mismo inmueble de tres pisos en la colonia Roosevelt, de la zona 11 capitalina. La contadora de Soporte Logístico es representante de Fusep.

Soporte Logístico no tiene movimiento en el portal de compras y contrataciones públicas. El objeto de la sociedad y de la empresa mercantil es la planeación, diseño, desarrollo, construcción, remodelación de proyectos inmobiliarios destinados a vivienda, comercio, industria, servicios o cualquier tipo, entre otros.

Ahora, el expiloto y empresario de la seguridad privada es uno de los asesores encargados de darle seguimiento a las prioridades presidenciales, como la construcción de cárceles y comisarías policiales.

El delegado presidencial

elPeriódico buscó a Franco Urzúa en las oficinas del Centro de Gobierno bajo la dirección de Miguel Martínez, pero se indicó que no podía atender por estar en una reunión. Días después una asistente llamó para excusarlo, por sufrir una recaída de COVID-19, y pidió que el tema de las cárceles se aborde con el director del Sistema Penitenciario.

La primera de las inquietudes pretende tener más información sobre la ampliación carcelaria. En septiembre pasado, el Mingob apenas informó que en 2021 planifica construir dos cárceles en el suroccidente del país, cada una con capacidad para albergar a 1,000 privados de libertad. El costo estimado para cada centro es de Q400 millones, que se financiarán con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Pero el proyecto, pese a que es una prioridad presidencial, no está incluido en el Proyecto de Presupuesto que conoce el Congreso. En la Dirección de Planificación del Mingob, encargada de darle seguimiento a estos proyectos, hubo un cambio de jefaturas que según fuentes cercanas a la institución, tienen que ver con contar con personas de confianza para contrataciones fraudulentas, como la que tienen en prisión a Héctor Rodríguez Heredia y otra, como la contratación de un sistema informático que involucra a varios exmandos medios en el Mingob.

El mandatario Giammattei aseguró que durante su gobierno se construirían cuatro cárceles, pero el primero de sus años está por cerrar con el mismo índice de hacinamiento carcelario de años atrás, superior al 300 por ciento.

La segunda de las inquietudes para Franco Urzúa es sobre el posible conflicto de interés entre su función como delegado del Centro de Gobierno en reuniones de seguridad, al nivel por ejemplo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, y su rol como empresario de la seguridad privada. El contrato por servicios técnicos que presta el coronel en situación de retiro ronda los Q209 mil para este año.

Una de sus funciones es asesorar el seguimiento al programa de inversión y modernización para el sector justicia – préstamo BCIE 2181 Ministerio de Gobernación, de acuerdo con el informe que presentó en septiembre para justificar sus honorarios. Específicamente, coopera en el “acompañamiento de la unidad ejecutora responsable de los componentes relacionados a construcción de comisarías, construcción de centros de cumplimiento de condenas, dotación de equipo de comunicación e interconexión, dotación de flota vehicular y equipo de seguridad y videovigilancia para los centros penales”.

La ejecución de ese préstamo no se incluyó en el presupuesto y nadie da cuenta de la planificación propuesta para el próximo año.

Empresas libraron a esposa

La esposa del coronel Franco Urzúa, que representó a Comando Técnico, una de las empresas de seguridad privada vinculada con otros militares en situación de retiro, fue capturada durante la “Operación Jake” para “desarticular una estructura de lavado de dinero producto del narcotráfico”, en noviembre de 2015.

La Fiscalía Contra Lavado de Dinero explicó el modo de operar de la estructura: los integrantes llegaban a las concesionarias y compraban vehículos a plazos, pero siempre pagaban en efectivo, posiblemente con dinero ilícito. En un mismo día cancelaban varias cuotas, en diferente horario. La modalidad se repitió en la adquisición de 19 vehículos valorados en Q6 millones, durante un año. El Ministerio Público señaló a Maritza Domínguez Pérez de Franco por la compra de una camioneta Land Cruiser Prado, marca Toyota, modelo 2014, por Q473 mil 670.68, pagados mediante once cuotas en efectivo. Sin embargo, la defensa argumentó que le robaron los datos de sus documentos y Domínguez logró que el juzgado dictara falta de mérito. El MP informó ayer que se logró establecer que “el cónyuge de Domínguez es accionista de una entidad de servicios de seguridad privada; al establecerse los movimientos bancarios se constató que tenía el perfil suficiente para poder adquirir un vehículo”.

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