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Nacionales

PNG informa sobre los procesos en el caso Ruiz Fuentes vs. Guatemala


El Estado dictó medidas a favor de los fiscales de la FECI que investigan sobre la muerte de Hugo Humberto Ruiz Fuentes.

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La Procuraduría General de la Nación (PGN) a través de un comunicado dio a conocer que en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Guatemala por la ejecución de un detenido fugado de una prisión en 2005 el 8 de abril de 2020 se dictó medidas urgentes a favor del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Francisco Sandoval y dos fiscales que participan en la investigación.

“La Corte encontró al Estado de Guatemala responsable por la imposición de la pena de muerte al señor Hugo Humberto Ruiz Fuentes y su posterior muerte tras fugarse de la cárcel”, dictó el tribunal con sede en Costa Rica el 10 de octubre de 2019.

Ruiz Fuentes se escapó junto a otros 18 detenidos de la cárcel de máxima seguridad “El Infiernito”, ubicada en Escuintla, el 22 de octubre de 2005. Su cadáver fue localizado 22 días después con un disparo en el ojo derecho realizado a corta distancia según se dio a conocer durante el juicio.

El pasado 9 de octubre la CIDH ordenó una supervisión reforzada por el riesgo que enfrentan los tres fiscales que investigan referido caso, ya que aseguran que son víctimas de actos de intimidación y amenazas.

La PGN asegura que los fiscales cuentan con un “esquema de seguridad” que se ha modificado respecto al análisis de riesgo de cada uno.

El documento detalla que el Estado saluda la observancia por parte de la Corte, de los límites dados por los principios de complementariedad y subsidiariedad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Agrega que dicho órgano recordó en su resolución el 2 de septiembre que las instancias del Sistema Interamericano pueden intervenir en los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados Partes de la Convención Americana sólo cuando estos no hayan cumplido dichas obligaciones, o no lo hayan hecho adecuadamente.

Aclara que “De comprobarse que el Estado en cuestión ha desarrollado mecanismos o acciones de protección eficaces para los beneficiarios de las medidas provisionales, el Tribunal podría decidir levantar o reducir el número de beneficiarios de las medidas, descargando la obligación de protección responsable primario, esto es, el Estado”.

La Corte determinó “que no corresponde, por el momento, ordenar medidas provisionales en el presente caso, sino realizar supervisión reforzada del cumplimiento de la obligación de investigar ordenada sentencia”, según el comunicado de la PGN.

“El Tribunal concluyó que el Estado es responsable internacionalmente de la violación de los derechos reconocidos en varios artículos de la Convención Americana”, afirmó la CIDH refiriéndose al caso de Ruiz Fuentes.

 

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