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‘“… La Ley de Amparo establece que ‘si el solicitante del Amparo no puede firmar, lo puede hacer por él otra persona o el abogado que auxilia (inciso i del Artículo 21)’. Es fundamental que quede claro que la Ley no exige que el solicitante se encuentre en territorio nacional para plantear un amparo y que en caso de que el solicitante no pueda firmar, lo puede firmar el abogado que auxilia. En los amparos donde no he podido firmar las solicitudes, por no estar en Guatemala o por otra razón, lo hizo por mí el abogado que me auxilió en cada caso. He cumplido con todos los requisitos que exige la Ley, para solicitar amparos y la Corte de Constitucionalidad no me puede pedir requisitos distintos a los que están específicamente definidos en el Artículo 21 de la Ley de Amparo. Los magistrados Roberto Molina, Dina Ochoa, Leyla Lemus y Rony López pretenden violar mis derechos, ordenar mi persecución penal y pretender que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala me sancione, a pesar de que he cumplido estrictamente la ley…”’, Alfonso Carrillo, jurista guatemalteco disidente, objeto, como otros, de una obvia y burda ‘vendetta’ política.

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