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Nacionales

Informe señala duplicidad de beneficiarios en bonos de ayuda


La Comisión de Derechos Humanos del Congreso identificó que 9 mil 680 usuarios del Bono Familia también recibieron la subvención de la Economía Informal.

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Aunque el propio Reglamento del Bono Familia elaborado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) prohíbe que los usuarios de ese programa reciban otros beneficios destinados a la emergencia del COVID-19, este criterio no se cumplió a cabalidad. Una evaluación a los listados de beneficiarios del Mides revela que 9 mil 680 usuarios del Bono Familia también están incluidos en el padrón del Bono a la Economía Informal, este último diseñado por alcaldes.

El informe fue elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo, y la duplicidad se identificó por medio del Código Único de Identificación (CUI) de quienes han recibido los beneficios diseñados por el gobierno como respuesta a la crisis por la pandemia. Los CUI de los beneficiarios se repiten en los programas, ambos ejecutados por el Mides, institución que no explicó a elPeriódico el porqué de la duplicidad.

De acuerdo con la ejecución del Bono a la Economía Informal, hasta el 3 de septiembre estas transferencias se concentraron en Suchitepéquez, Guatemala, Jutiapa, Retalhuleu y Huehuetenango, departamentos donde se destinó el 51 por ciento de los fondos entregados. Mientras que lugares como Baja Verapaz, El Progreso y Escuintla solo se recibió el 1 por ciento de las transferencias.

Ambos bonos son de Q1,000 cada uno, y fueron programados para que las familias más afectadas por las restricciones de la pandemia, tuvieran un ingreso mínimo para suplir sus necesidades básicas.

Contraloría debe actuar

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Orlando Blanco, ya se pidió a la Contraloría General de Cuentas (CGC) una auditoría sobre la ejecución de los programas, porque además de la duplicidad de usuarios, también se han identificado pagos a nombre de personas registradas como fallecidas, así como a empleados públicos quienes tenían prohibición para recibir estos recursos.

“Calculamos que son entre Q12 millones y Q13.5 millones en hallazgos por pagos improcedentes en estos programas”, señaló Blanco.

Sobre los usuarios que recibieron doble subvención, se le pidió una explicación al vocero del Mides, Walter Gómez, quien ofreció atender las consultas; pero al cierre de esta edición no respondió. Al inicio de la emergencia, el Ministerio de Desarrollo ofreció desarrollar una plataforma tecnológica para evitar la duplicidad de los usuarios.

Errores de diseño

Sofía Montenegro, investigadora de la organización Diálogos, indicó que este tipo de hallazgos evidencia que el gobierno no ha cumplido con integrar un registro único de beneficiarios, con lo cual se evitarían estos inconvenientes.

No obstante, Montenegro señaló que el criterio de excluir de los beneficiarios a quienes reciben otros programas sociales no es un criterio técnico porque hay familias quienes, por su condición de vulnerabilidad, además del Bono Familia requieren de otros beneficios como el programa de asistencia alimentaria.

En tanto que, David Gaytán, consultor en temas de transparencia, indicó que este hallazgo refleja que el gobierno incumplió con las normas para la ejecución de los programas, al no verificar las prohibiciones. Gaytán agregó que la duplicidad evita que los recursos programados para paliar la crisis del COVID-19 lleguen a más personas necesitadas.

Más hallazgos

Una investigación de este medio publicada el 22 de julio reveló que contratistas del Estado, empleados públicos y dueños de comercios cobraron el Bono Familia. El ministro de Desarrollo, Raúl Romero, justificó entonces que no podía excluir del padrón de beneficiarios a los contratistas, en tanto eso no estuviera especificado en los criterios del Programa. Sobre los empleados públicos que cobraron el bono, Romero no pudo explicar por qué habían sido beneficiados.

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