La mayoría del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó sin entrar a conocer el antejuicio en contra de los diputados que conformaron la Comisión Permanente del Congreso durante el receso legislativo de este año (mayo a agosto).

Los magistrados decidieron no dar trámite a la solicitud de retiro de inmunidad que formuló la Fiscalía de Delitos Administrativos en contra de los diputados Allan Rodríguez, Sofía Hernández, Luis Rosales, Armando Castillo Alvarado, Rudy Pereira, Douglas Rivero y Santiago Nájera.

Según un integrante del pleno que prefirió no ser identificado, solamente las vocales magistradas Delia Dávila y María Eugenia Morales se opusieron a la decisión, y al contar con los votos razonados de ellas será notificado el rechazo in límine del antejuicio.

Tres meses después que la Corte de Constitucionalidad (CC) certificó lo conducente en contra de los diputados, la Fiscalía no podrá iniciar una investigación por desobedecer una orden de la más alta Corte.

El camino del antejuicio

El 29 de junio, la CC certificó al Ministerio Público (MP) para que abriera un expediente a los integrantes de la Comisión Permanente, después que en dos ocasiones no quisieron enviar los documentos originales sobre el antejuicio que la CSJ había tramitado en contra de cuatro magistrados de la CC.

El MP tardó más de un mes en presentar las solicitudes de retiro de inmunidad y lo hizo aglutinando denuncias en contra de 111 diputados, magistrados de la CC y de Salas de Apelaciones que integraron un pleno de la CSJ.

Los antejuicios en contra de 92 diputados fueron interpuestos después que Lisa Witthohn los denunciara por no elegir a los nuevos magistrados de la CSJ y Salas de Apelaciones; contra los magistrados que integraron el pleno de la CSJ de forma irregular accionaron 12 diputados y otra denuncia en contra de seis miembros de la CC por emitir dos amparos que según el documento favorecía a la misma Corte.

104 pendientes

La CSJ todavía tiene pendiente conocer 104 solicitudes de retiro de inmunidad planteadas por la Fiscalía de Delitos Administrativos en contra de diputados y magistrados de Salas de Apelaciones, por acciones relacionadas a la elección de togados para el periodo 2019-2024.