La pandemia de COVID-19 es un hecho social total, que afecta a todos y todo, dicen expertos. Divulgada en abril, cuando el nuevo coronavirus ya estaba en Guatemala y tenía cuatro meses esparciéndose por el mundo, el COVID-19 es una amenaza invisible en la Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación (AESN) del gobierno de Alejandro Giammattei.

La agenda, proyectada para los próximos cuatro años, se alimenta de fuentes de inteligencia estratégica y se define como un marco de referencia para los procesos de planificación y gestión presupuestaria, evaluación de capacidades de respuesta para prevenir riesgos, enfrentar amenazas y reducir vulnerabilidades.

El narcotráfico, los delitos cometidos por las pandillas, las extorsiones y el tráfico ilícito de las personas se cuentan entre las amenazas criminales de “alta ocurrencia” y que generarían impactos “muy altos” en la seguridad exterior e interior.

La AESN clasifica a una pandemia o epidemia -sin definir a la enfermedad de COVID-19 u otra- como una amenaza de salud “probable” de impacto “moderado”.

Para saber si se tiene previsto hacer ajustes a la agenda por el COVID-19, se buscó una entrevista con el secretario de Inteligencia Estratégica, Marco Aurelio Pineda Colón. Una semana después, no se tuvo respuesta.

Cibercrimen

El cibercrimen se cataloga como una amenaza “posible” de “impacto bajo”. A criterio de Carmen Rosa de León, de Iepades, el cibercrimen debe ser valorado y enfrentado en el contexto actual de aumento de la comunicación virtual, transacciones bancarias y comercio electrónico.

Además de lo cotidiano, hay prospectivas necesarias, cuestiona De León.¿Qué va a pasar con todos los niños y niñas que no se pueden incorporar a las clases en línea? Por no invertir en la virtualización del sistema educativo, se eleva el riesgo de la callejización de la niñez y que se incorporen a las pandillas, expone.

“En general, creo que es un documento de esos que se hace porque toca hacerlo”, opina Evelyn Espinoza, de Asociación Diálogos. “Las metas que tienen para 2024 son las mismas que están contenidas en la política general de gobierno. El plan debe necesariamente ser reformulado a la luz de la epidemia de COVID19 que trajo consigo varios cambios, e impactó en la reducción de la tasa de homicidios y extorsiones, mientras que aumentó la denuncia de robos y hurtos, que en la agenda es visto como un riesgo bajo”, explicó la experta.