El presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Carlos Contreras, presentó una denuncia en contra de la secretaria general de la Presidencia, Leyla Lemus, por intentar incidir en la adjudicación de contratos del Seguro Social.

La fiscal general, Consuelo Porras, designó a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) como encargada de la investigación, pero después que el fiscal encargado del caso recomendara presentar la solicitud de despojo de inmunidad de Lemus, el expediente fue trasladado a la Fiscalía de Delitos Transnacionales.

La recomendación de la FECI era presentar la solicitud de retiro de inmunidad, pero los asesores de Porras, a través de la respuesta a una opinión jurídica, estimaron que era prematuro pedir el retiro del derecho de antejuicio contra Lemus.

Según el jefe de prensa del Ministerio Público (MP), Juan Luis Pantaleón, “se designó a la Fiscalía de Delitos Transnacionales, derivado que los hechos en investigación tienen relación con situaciones en el ámbito transnacional. En primera instancia el caso se asignó a la FECI, pero tras las reuniones periódicas que se realizan con esta fiscalía para la revisión de casos, se determinó trasladarlo”.

Pantaleón dijo que la Fiscalía de Delitos Transnacionales cuenta con una competencia más amplia y cooperación con diversos entes internacionales.

Sin embargo, Contreras presentó un oficio para oponerse al traslado de la investigación porque consideró que es una decisión infundada y que al darse de forma oral se estaba violando la Ley del MP.

“No puedo brindar información, considerando que ha sido asignada a otra fiscalía, por ende no puedo dar información por una denuncia que ya no tengo asignada”, dijo ayer el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval.

Avance de la denuncia
Contreras denunció en diciembre de 2019 a Lemus y a la sucursal de Nipro Medical Corporation, por considerar que había una conspiración en contra del Seguro Social.

Según la denuncia, existían personas que deseaban recuperar el control de las compras y adquisiciones de medicamentos a precios que se manejaban antes de suscribir un convenio entre la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el IGSS, lo cual pondría en “riesgo de ver nuevamente la cooptación de los recursos”.

En julio, el presidente del IGSS ratificó y amplió la denuncia después de tener conocimiento que el procurador general de la Nación (PGN), Luis Donado, y otras personas estaban solicitando su renuncia.

“Comunicación cordial”

Los asesores de la Fiscal General, Héctor Aníbal de León Velasco y César Isaac Payés Reyes, recomendaron informar a la Supervisión General del MP sobre una posible falta administrativa cometida por el fiscal de la FECI, Carlos Alberto de León, por comunicarse con el PGN, el presidente Giammattei y Lemus.

“La FECI, al momento de requerir información relacionada, debió actuar de forma respetuosa y cordial, conforme a la alta investidura que tiene el señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala y en todo caso dichas comunicaciones debieron haberse realizado con conocimiento previo y directrices de la Fiscal General, al no cumplir con la normativa aplicable podría incurrirse en una falta administrativa”, consignaron los asesores en el informe avalado por Porras.

MOTIVOS DE LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA

La Fiscalía de Delitos Transnacionales fue inaugurada en febrero pasado y Porras señaló que era para perseguir crímenes en varios países, “relacionados con la migración, las pandillas y las extorsiones, entre otros delitos”. Además, la Fiscal General indicó que Estados Unidos daría acompañamiento a través de algunas de sus agencias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés), la de Administración para el Control de Drogas (DEA) o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).