El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) publicó este viernes el informe “Violencia en el contexto de COVID-19 de Enero a Agosto de 2020”, donde evidenció que más de dos mil personas han fallecido de forma violenta en el país.

Según el documento, la reactivación económica de Guatemala y la liberación de la mayor parte de restricciones influyó en el incremento de los homicidios en el país, prueba de ello es el dato de agosto, ya que reportó un 13.55 por ciento más que el mes anterior.

El informe realizado con datos de enero a agosto del presente año, registra un total de 2 mil 246 personas fallecidas, de las cuales 1 mil 944 son hombres y 302 mujeres. Los meses con mayor número de víctimas fueron agosto con 335, enero con 315 y junio con 306, cabe mencionar que para enero aún no había llegado el virus de COVID-19 al país.

En un reporte presentado previamente sobre casos de muertes violentas en menores de edad, el GAM señaló que según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en el primer semestre del año se reportaron 262 muertes en niños, niñas y adolescentes a causa de armas de fuego, asfixia u objetos punzocortantes.

A pesar de que en 2019 las cifras de fallecidos por actos violentos fueron mayores a las de este año, las autoridades esperaban que los datos disminuyeran debido a las restricciones de movilidad, pero en meses como junio y agosto los datos no tuvieron mayor variación. Para las mismas fechas, el año pasado contaba con 3 mil 188 casos, haciendo una diferencia de 942 homicidios, según indicó Mario Polanco, director del GAM.

Maynor Alvarado, integrante de la organización, mencionó que la tasa de muertes por cada 100 mil habitantes alcanza las 23 víctimas, siendo el departamento de Chiquimula el que encabeza el listado con 59, le sigue Izabal con 55, Escuintla con 48, Zacapa con 43, Jalapa con 37 y Santa Rosa y Guatemala con 35 cada uno. Alvarado comentó que departamentos como Sololá, Quiché y Totonicapán presentan una tasa de menos de cinco casos al año.

Asimismo, agregó que de los municipios del área central que reportan mayor cantidad de fallecidos es Guatemala con 195, Villa Nueva con 61, Villa Canales con 27, Mixco con 23 y San Pedro Ayampuc con 21. Además señaló que en el municipio de San Pedro Sacatepéquez no se reportó ningún caso en los meses mencionados.

Casos por oficios y género

Karla Campos, Coordinadora del Área de Transparencia de GAM, informó que la profesión de comerciante es la que más se vio afectada en estos meses con 48 asesinatos, relacionados al posible cobro de extorsión, los agricultores con 45, los campesinos con 44, los agentes de seguridad con 15 y los albañiles y taxistas con 13 cada uno.

Campos aseguró que las seis profesiones mencionadas son de las que tenían permiso para trabajar durante el aislamiento por la pandemia de COVID-19 y que esto puede ser un factor por el que se encuentren en la cima del listado.

“Regularmente los pilotos de transporte público se encuentran en los números superiores del listado, en esta ocasión seis de los ocho casos de homicidios que presenta esta profesión sucedieron antes de la pandemia y dos de ellos ocurrieron en agosto, cuando el transporte comenzó a circular de nuevo”, expresó Campos.

Respecto a la violencia de género, la integrante del GAM indicó que de acuerdo con estadísticas de la Dirección de Atención a la Víctima de la Policía Nacional Civil (PNC), durante el 2020 se registran 3 mil 571 denuncias de violencia intrafamiliar, que incluye niños, niñas, adolescentes y personas de la tercera edad, mientras que de violencia contra la mujer se presentaron 4 mil 177.

Karla Campos, también mencionó que más del 50 por ciento de los agresores se encuentran dentro del hogar de las víctimas y pueden ser los esposos, convivientes, ex cónyuges o algún pariente cercano.

La organización recomendó a las autoridades, mantener mayor presencia policial en las calles, para mitigar posibles ataques de robos, sicariatos, extorsiones, entre otros, para evitar el repunte de violencia general en los próximos meses.

Además, solicitó la coordinación interinstitucional entre la PNC, el MP y el Organismo Judicial, para que se logre dar respuesta a las personas que han confiado en el sistema de justicia en Guatemala.