La impunidad fáctica que impera en las áreas protegidas de Guatemala favorece el acomodo de la delincuencia organizada en esos territorios, de acuerdo con un estudio de la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS).

De las 211 pistas clandestinas localizadas por las fuerzas de seguridad desde 2017, 120 se localizan en Petén y 50 se ubicaron en La Laguna del Tigre, explicó la investigadora Leily Santizo. Izabal con 29 y Retalhuleu con 26, son los otros dos departamentos donde se encontraron más pistas.

Además, se estableció que 10 de las rutas para el trasiego de productos ilícitos atraviesan departamentos en los que hay áreas protegidas. López también apuntó como una deficiencia que los delitos contra el medio ambiente están excluidos del marco penal contra la delincuencia organizada, que permite otros mecanismos de investigación criminal.

FADS señaló que la respuesta del Estado ha sido la imposición de estados de Excepción, los que consideran como medidas de corto plazo que no responden de forma integral a los problemas estructurales en los territorios.