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Nacionales

En estas horas aciagas que vive Guatemala y el mundo (XXVII PARTE)


¿Qué pasa con la ejecución de los programas de emergencia del gobierno ante el COVID-19?

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Desde esta columna que ya va llegando a 30 entregas, hemos insistido en el pésimo manejo que el gobierno central ha hecho de los tres compensadores sociales que fueran aprobados por el Congreso de la República, por medio de los decretos 12, 13 y 20 de 2020. Y con ello, la baja y lenta ejecución del presupuesto de esos fondos por parte de los ministerios de Economía, Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social, Finanzas Públicas y del propio Crédito Hipotecario Nacional y especialmente del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Otros centros de investigación como Paraíso desigual e Icefi, solo para mencionar a dos que también han alertado, no solo sobre la mala planificación realizada con el bono familia, sino adicionalmente con la totalidad de los diez programas que el gobierno dice estar ejecutando.  Hasta aquí, se ha notado la ineficiencia del Estado, ahora en manos y dirigidos por ex gerentes del CACIF y de políticos ineficientes e incompetentes. Los analistas mencionados coinciden que la entrega de los fondos para los compensadores sociales ha sido entregada a cuenta gotas y que han estado tratando a la población necesitada, no como ciudadanos, sino como pordioseros. Todo esto con una pésima comunicación, del gobierno como un todo, sino también de los ministerios en particular, con la población objetivo, como la denunciado Paraíso Desigual. Por su parte, el Icefi ha afirmado que los tres decretos mencionados le ha permitido al gobierno central actual disponer de Q20 millardos y que al 15 de agosto, recién pasado, solamente tres de los diez programas gubernamentales han ejecutado en un porcentaje superior a la mitad. Solo un programa de gobierno ha ejecutado la mitad del presupuesto con el que cuenta y seis programas gubernamentales se encuentran en su ejecución presupuestaria en menos de la mitad de lo asignado. Menos mal que estamos en medio de un estado de calamidad y que se supone que se trata de un estado de emergencia. Lo que se percibe es un desdén inaceptable y una falta de respeto inconmensurable. El Icefi también ha dicho con total claridad, que aunado a los fondos de los tres decretos mencionados, que el gobierno actual recibió ampliaciones presupuestarias que ascienden a los Q19 millardos. Hay programas que se llevan las palmas en su ejecución, quizás por su facilidad en su entrega como ha sido el subsidio a la energía eléctrica que ya ejecutó el cien por ciento de los fondos otorgados por el decreto 13-2020. En ese mismo decreto, se aprobaron los Q6 millardos para el Bono Familia, que ha registrado el mayor número de quejas, la mayoría totalmente justificadas. La Intendencia de Verificación Especial –IVE-, unidad de la Superintendencia de Bancos ha publicado que es posible un uso criminal del bono familia, por medio de redes de extorsionistas y de lavado de dinero y el propio ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci declaró que el subsidio al transporte urbano bien podría ser financiado con los fondos que inicialmente fueron presupuestados para el bono familia y con ello ya no sería posible la entrega del tercer pago por Q1,000 anunciado. Como si lo anterior fuera poco, un medio periodístico afirmó que el Bono Familia, en su segunda entrega, lleva 36 días de retraso, cuando se sabe que el primer pago se realizó a mediados de mayo. Estamos por finalizar agosto y comenzar septiembre y parece que ya llevan dos meses y medio de atraso. ¿Dónde estará el dinero?

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