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Nacionales

Evidencian baches en la justicia ambiental


Prevalecen las sanciones administrativas sobre lo penal y no hay correspondencia entre la sanción y el daño ocasionado a los ecosistemas.

La protección de los recursos naturales debe abordarse desde una visión de seguridad estratégica de Estado, como casos penales complejos, de acuerdo con un estudio de la Asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), que detectó patrones y problemas que afectan la gestión de la justicia ambiental en Guatemala.

El informe, elaborado por tres abogadas, evidencia cuán insuficientes resultan los recursos institucionales vigentes para procurar el esclarecimiento y la sanción de los crímenes contra el medio ambiente. Entre estos señalan la falta de personal y vehículos de las fuerzas de seguridad para llegar a las áreas protegidas, expuso Diana Monroy, experta en Derecho Ambiental.

Durante la presentación, el delegado del proyecto Biodiversidad de Usaid recordó cómo los grupos criminales han usado a las personas para tomar de rehenes a policías, soldados y administradores de áreas protegidas.

Otra de las formas en que grupos ilícitos se aprovechan de las comunidades es forzarlas para que deforesten, ocupen territorios y luego aparezcan en manos de terratenientes, o se utilicen para actividades ilícitas, dijo Mirna Romero, del Foro de Justicia Ambiental de Petén.

Propuesta

A la charla virtual se invitó a fiscales, jueces y diputados, según FADS. El diputado Luis Pineda, de Semilla, se comprometió a convocar a una mesa técnica con legisladores y las diferentes instituciones del sistema de justicia, para que se conozca el informe y se generen diálogos productivos, por ejemplo, sobre el aspecto financiero. “Quizá no hay suficientes recursos para llegar a las áreas protegidas, pero se pueden comprar drones”, añadió el diputado.

Estudio de casos

La siguiente fase del estudio se presentará en septiembre y promete mostrar datos de cómo se gestionan los casos complejos de ambiente en el sistema de justicia, en los que prevalecen las sanciones administrativas frente a las penales.

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