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Nacionales

Transportistas urbanos plantean “tarifa COVID” que llegaría hasta Q10


El Gobierno analiza otorgar una subvención de Q300 millones.

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Luego de solicitar por más de 150 días una audiencia con el presidente Alejandro Giammattei, la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), se reunirá la próxima semana como última opción con la Comisión Presidencial del Diálogo (CPD) en donde realizarán tres peticiones al Gobierno central, dentro de ellas aumentar la tarifa del pasaje de Q1 hasta Q10.

“Ese es el parámetro”, justificó Armando Samayoa, representante de la Asociación, quien agregó que nunca se ha tomado en cuenta el costo del pasaje, por lo que buscarán en primera instancia que el Gobierno pueda subsidiar al usuario. El entrevistado explicó que ante la reactivación de la economía el servicio es esencial, pero ante las disposiciones gubernamentales para el uso de las unidades no pueden continuar con la misma tarifa.

Samayoa dijo que por 165 días las empresas de autobuses no recibieron ingresos por operaciones, por lo que el apoyo de parte del Gobierno es inmediato. El representante de la AEAU advirtió que de no tener una respuesta la siguiente semana realizarán una manifestación pacífica y no prestarán el servicio.

Conflictividad

Para el defensor de los Usuarios del Transporte Público del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Edgar Guerra, el tema de la tarifa del transporte genera conflictividad social. Manifestó que aunque la propuesta es “temporal” por la emergencia del COVID-19 el tema debe de ser discutido.

En el aumento al pasaje estarían involucrados los “buses rojos” y los Transurbanos que se movilizan en algunos municipios como Chinautla, Mixco, San Miguel Petapa y Santa Catarina Pinula.

El ministro de Finanzas, Álvaro González Ricci, anunció que se presentará una enmienda para tomar Q300 millones y otorgar una subvención a los usuarios del transporte urbano, extraurbano y Transmetro, además, que tienen que dar apoyo gubernamental debido a que el servicio es importante para la reactivación económica.

Subsidio cuestionado

En 2018, la CICIG junto con la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentaron una investigación en la que se reveló una serie de anomalías en la implementación del proyecto del sistema de prepago para las unidades del Transporte Urbano (Transurbano) en el que se sustrajeron US$35 millones del Estado.

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