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Nacionales

CC: Instituciones públicas no deben pagar representación de sindicatos


El abogado constitucionalista Gabriel Orellana fue quien interpuso esta inconstitucionalidad, por lo que ahora pide al MP y a la PGN recuperar los Q14 millones que se pagó a los abogados de los sindicalistas.

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La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió, mediante el expediente 31-2016, declarar como inconstitucional que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) haya pagado el servicio de representación legal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS) durante los años de 2013 a 2015.

Los responsables de haber cometido esta inconstitucionalidad son el exministro de Salud Jorge Villavicencio, quien falleció el 20 de julio de este año, y fue quien avaló esa cláusula del pacto colectivo y pagó Q14 millones al abogado César Landelino Franco López, por representar al sindicato durante las negociaciones de las nuevas condiciones de trabajo.

Actualmente Franco López se encuentra prófugo de la justicia, ya que al igual que Villavicencio, la Fiscalía Contra la Corrupción del Ministerio Público (MP) también los denunció por haber pagado y cobrado con fondos públicos la representación legal a favor de los sindicalistas. En 2017, la exministra de Salud y actual diputada de Semilla Lucrecia Hernández Mack congeló el pago de Q9.5 millones, que se le adeudaba al abogado por representar al sindicato.

En este caso se denunciaron a otras nueve personas, entre los cuales se encuentran sindicalistas del SNTS. Según el MP, Franco López repartió los Q14 millones con otros tres abogados. Actualmente este caso quedó sin efecto porque en noviembre de 2019 la Sala Tercera de Apelaciones resolvió a favor de los sindicados y argumentó que esta situación debía resolverse mediante un Juzgado de Trabajo y Previsión Social y no por la vía penal.

La devolución

Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, fue quien interpuso esta inconstitucionalidad. Orellana explicó que esta sentencia de la CC tiene efecto en todos los pactos colectivos de instituciones públicas, por lo que si actualmente existen cláusulas similares en otros acuerdos de condiciones de trabajo, estas deben quedar sin efecto.

Orellana indicó que el Estado debe recuperar esos Q14 millones, ya que lo actuado fue inconstitucional. Debido a que Franco López se encuentra prófugo de la justicia y Villavicencio falleció recientemente,el abogado constitucionalista recomendó al MP y a la Procuraduría General de la Nación (PGN) que una forma de recuperar este dinero es mediante propiedades que las personas responsables tengan a su nombre o hayan heredado a sus parientes.

“Esto no puede quedar impune, ese es dinero de los guatemaltecos”, expresó Orellana y agregó que a raíz de esta sentencia, los funcionarios de la Contraloría General de Cuentas que permitieron este pacto colectivo también deben enfrentar la justicia.

También viáticos

En el pacto colectivo en cuestión, firmado en 2013 por el exministro de Salud Jorge Villavicencio y el SNTS, se elevó en 700 por ciento los viáticos a los trabajadores. En total, los trabajadores de Salud cobraron Q5 millones 236 mil 536.41 por viáticos entre el 1 de enero de 2014 al 30 de junio de 2015.

Vinculación con sindicatos

Landelino Franco es un abogado de 56 años que desde 1987 asesoró varios sindicatos de trabajadores, entre ellos los de la Portuaria Quetzal, la Empresa Municipal de Agua (Empagua), Crédito Hipotecario Nacional (CHN), Organismo Judicial (OJ), Instituto Nacional de Electrificación (INDE), Dirección General de Migración y varias entidades privadas.

Además, Franco integró el Comité de Inversiones del Plan de Prestaciones de la Universidad de San Carlos y fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la misma universidad.

Franco es señalado por el Ministerio Público (MP) de cobrar de forma ilegal, Q14 millones por brindar una asesoría al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSG), para la suscripción del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de 2014. En el pacto se incluyó el pago de honorarios para Franco y se realizó con fondos que inicialmente estaban asignados a los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios.

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