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Nacionales

MP presenta 118 antejuicios por desobediencia a fallo de la CC


La acción del MP alcanza a los magistrados del máximo tribunal constitucional que denunciaron el desacato.

La esperada acción del Ministerio Público (MP) en torno a la denuncia de la Corte de Constitucionalidad (CC) por la desobediencia a sus resoluciones se dio a conocer al caer la noche de ayer: la Fiscalía de Delitos Administrativos presentó un total de 118 antejuicios contra siete diputados de la Comisión Permanente del Congreso, 92 diputados, 13 magistrados de Apelaciones que integraron la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y seis magistrados de la alta corte.

Se trata de todos los actores implicados en la crisis institucional que se inició el 26 de junio, cuando una CSJ integrada por suplentes dio trámite al antejuicio contra cuatro magistrados de la CC, por la resolución que dicta pautas y plazos para que el Congreso elija a los integrantes de las cortes de justicia.

El Ministerio Público emitió un comunicado en el que detalla los motivos de los 118 antejuicios.

La decisión del MP se trasladó mediante un comunicado de prensa en el que se expone que, además de la certificación de lo conducente en contra de la Comisión Permanente del Congreso por no entregar el informe original del antejuicio contra los magistrados de la CC, “igualmente procedió a presentar los antejuicios por las diversas denuncias recibidas”, en contra de los demás funcionarios.

El comunicado del MP señala que será “la autoridad competente”, según la Ley en Materia de Antejuicio, la que determine si hay o no lugar para la formación de causa penal contra los señalados y que se determine si las denuncias han sido presentadas por razones espurias, políticas o ilegítimas.

Señalados y competencia

La denuncia contra los 92 diputados fue interpuesta por Lisa Valentina Witthohn Secaida, quien cuestiona la aprobación del proyecto del Acuerdo para el Procedimiento de Elección de Magistrados, pues a su criterio no cumple con la sentencia de la CC que señala que “debe excluirse (…) a profesionales cuya idoneidad y honorabilidad esté comprometida”. La CSJ es el órgano competente para conocer estos antejuicios.

Otros antejuicios fueron planteados contra 13 magistrados (suplentes) de la CSJ que dieron trámite al expediente contra los titulares de la CC, una corte llamada ad hoc y que fue integrada de forma ilegal, según la sentencia del máximo tribunal. Esta acción quedaría en manos del Congreso y se deriva de la denuncia presentada por 12 diputados por los posibles delitos de usurpación de atribuciones, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y prevaricato.

La acción contra los seis magistrados de la CC se deriva de las denuncias presentadas por Ricardo Méndez Ruiz y otros, entre ellos el abogado José Hernández Guzmán, “por emitir una resolución sobre un asunto en el cual ellos eran inminentemente parte del mismo”. Esta diligencia quedaría en manos del Congreso, que ya tiene el expediente de antejuicio que originó la queja por desobediencia.

Control constitucional

A muchos no les gusta la categoría de jueces superiores que ejercen los magistrados constitucionales, pero la función del control de la legalidad, independiente de los tres poderes del Estado, recae en la Corte de Constitucionalidad (CC), analiza el abogado constitucionalista Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano.

Rohrmoser, expresidente de la CC, añade que “en tiempo de los reyes, ese control no existía, sino que es una de las conquistas de los sistemas democráticos”, para darle seguridad jurídica a cualquier discordia.

“Esto no es un invento de Guatemala, viene desde 1953 cuando se creó en Austria la primera corte constitucional con independencia absoluta”, añadió el exmagistrado. “Sí, es un poder absoluto, en aras de defender el pacto común, que es la Constitución”, añade.

El jurista concluye que el problema es que muchos conflictos se han llevado ante la CC —es jurídicamente viable, pero es discutible—, pero “ese es el sistema en el que hemos creído desde 1985”, puntualizó.

Pronunciamientos

Cámara de Industria de Guatemala (CIG)

De acuerdo al Artículo 69 de la Ley de Amparos, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad son responsables de sus resoluciones y cualquier acto que contravenga dicho artículo atenta contra el Estado de Derecho, señala la CIG. Añade que “algunos magistrados de la Corte de Constitucionalidad además de romper con el orden legal del país, continúan aplicando la ley sin imparcialidad”.

Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua)

El Estado de Derecho es un principio de gobernanza en el que todas las personas públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a la ley. En ese sentido, emitir resoluciones en beneficio propio para frenar procesos en los poderes del Estado Judicial y Legislativo es un atentado contra la independencia de poderes, señala Asazgua y piden a la CC respetar el Estado de Derecho.

Asociación de Amigos del País

Es de total importancia tener claro que los magistrados de la CC sí son responsables de sus resoluciones, y que es inaceptable que quede impune el prevaricato que cometen al dictar resoluciones en las cuales ellos mismos son directamente favorecidos, señala esa organización. “Esto es una clara violación al principio constitucional de imparcialidad”, añaden.

Cámara del Agro

Los magistrados de la CC tienen impedimento por mandato de Ley para ser juez y parte y por ende no pueden conocer y resolver a favor asuntos propios. “En la actual crisis constitucional, los tres poderes del Estado, el MP y la propia CC no pueden actuar más allá de lo que la Constitución les permite. El respeto estricto al debido proceso constitucional permitirá solventar la actual crisis institucional”, enfatiza la Cámara del Agro.

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