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Nacionales

El gobierno decreta Estado de Sitio en cinco municipios por 30 días


El gobierno argumenta “presencia de grupos de crimen organizado” pero sin identificarlos ni precisar detalles. La medida generó opiniones encontradas.

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El gobierno decretó Estado de Sitio por 30 días en los municipios de El Estor, Morales y Livingston, en el departamento de Izabal, así como en Panzós y Santa Catarina La Tinta, en Alta Verapaz.

Según señaló el Organismo Ejecutivo en un comunicado, las razones que llevaron a decretar la medida es que se ha “detectado la presencia de grupos del crimen organizado que cometen actividades ilícitas, como narcotráfico, migración ilegal, contrabando y otros hechos”.

El gobierno no se refirió a casos concretos sucedidos en los últimos días y las cuentas de la Policía Nacional Civil no han reportado enfrentamientos o capturas relacionadas en la zona, a excepción de un decomiso de droga en Livigston el pasado 15 de julio. En el resto de municipios no reportan ni capturas ni enfrentamientos denunciados por el gobierno.

Apoyos

En varios comunicados, diferentes cámaras empresariales y gremiales como la Gremial de Palmicultores (Grepalma), la Cámara del Agro (Camagro), así como la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), se pronunciaron apoyando la decisión del gobierno de declarar Estado de Sitio en la región.

Grepalma expone que las operaciones de sus agremiados se han visto afectadas por “la situación de ingobernabilidad del área”, mientras la Camagro asegura que durante años “han denunciado la existencia de estructuras y grupos criminales  que operan con total impunidad violentando la propiedad privada y amenazando la vida y la seguridad de los pobladores”.

Por su parte, la CIG señaló que respalda la decisión del gobierno y dijo que “esperan que se retome el control definitivo de estos municipios, que durante años han sido sometidos a acciones ilegales”.

Desacuerdo

Mientras tanto, varios actores de la sociedad civil se pronunciaron en contra del Estado de Sitio, entre ellos el Frente Indígena y Campesino Iximuleu, que señaló que rechazaban el Estado de Sitio y la militarización que eran acciones de gobiernos autoritarios y antidemocráticos que no tenían la capacidad de gobernar sobre bases de entendimiento social. 

“Se trata de formas de gobierno opacas, que buscan crear muros de impunidad y protección, a sectores empresariales nacionales e internacionales”, indicó la agrupación, en un comunicado.

El PDH señala abandono histórico

El Procurador de los Derechos Humanos, en un comunicado, manifestó que “la situación en los municipios referidos es producto del abandono histórico del Estado y no se soluciona con la restricción de garantías constitucionales”.

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