La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) cuenta con 16 médicos para atender a la población detenida en los 22 centros carcelarios del país, pero durante la pandemia COVID-19 se han reducido a nueve.

El director de la DGSP, Luis Rodolfo Escobar Ovalle, refirió que hay una convocatoria abierta pero los profesionales no han aplicado. “No quieren trabajar aquí, han de pensar que no se les va a pagar, pero hay un presupuesto directo para 33 médicos”, indicó.

Incluso volvieron a abrir la convocatoria con requisitos más flexibles y en turnos de medio tiempo. Escobar aseguró que tienen nueve médicos laborando y en cada centro de detención se tienen dos enfermeros. Dijo que registran la baja de médicos que se encuentran en edad de riesgo, debido al COVID-19, por lo que buscan contratar a más profesionales.

Además, se abrió una convocatoria dentro del mismo personal en caso que alguien se haya graduado de enfermero y quiera ser contratado.

Diferencias

El relator de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura, Otto Paz, dijo que son 16 médicos y que hay cinco en cuarentena a razón de edad por la pandemia. “Quedaron 11, de ellos dos son asesores del despacho, uno ve temas de VIH y el otro es asesor de medicina general”, indicó.

Comentó que de los nueve restantes, seis atienden el área metropolitana y los otros tres el área regional, donde se encuentra más del 50 por ciento de privados de libertad.

Según Paz, de los nueve activos, dieron positivo a la prueba de COVID-19 una doctora del Preventivo de la Zona 18 y un médico que atiende la Granja Penal Canadá en Escuintla, además, se registran enfermeros positivos. Por lo que solo para el área metropolitana han quedado cuatro médicos.

Gerardo Villamar, defensor del Debido Proceso de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos (PDH), mencionó que en tiempos normales han dicho que son insuficientes 16 médicos para todos los detenidos, y que por lo menos cada uno de los 22 centros debería tener un médico las 24 horas del día.

Infectados

Según el director de la DGSP, hasta el 10 de julio pasado se reportaron 195 casos de detenidos positivos, 191 hombres y cuatro mujeres. Se han recuperado 121, hay 61 activos y 13 fallecidos. Además se registran 57 trabajadores operativos positivos, nueve administrativos y seis prestadores de servicios de salud. De los operativos ya se han recuperado 30.

“Cada vez que sale uno (privado de libertad) con pulmonía regresa con COVID-19, pero ¿cuál es el foco de contagio? es el hospital. Usted sale con tuberculosis y regresa con COVID-19; usted sale con asma y regresa con COVID-19”, lamentó el director del SP.

La terapia de los reclusos

El exministro de Salud, Jorge Villavicencio, fue el primer interno de Mariscal Zavala que dio positivo para COVID-19 pero se negó a ir al aislamiento en Fraijanes, como otros 35 reclusos de esa prisión que esperan el diagnóstico en sus sectores.

El 6 de julio, Villavicencio se sometió a una prueba practicada por un laboratorio privado, al igual que otro exfuncionario. Presidios asegura que solo podían aceptar las pruebas avaladas por el Ministerio de Salud, por lo que se pidió asistencia y se practicaron pruebas a 35 internos del Mariscal Zavala, una prisión ocupada en su mayoría por exfuncionarios procesados por corrupción. Muchos viven en miniapartamentos equipados con enseres domésticos, de audio y video.

Mientras, en otras prisiones como el Preventivo de la Zona 18, los reclusos se han organizado para tener todos los días lista una olla de agua con jengibre y ajo, como medida de prevención. Los voceros de cada sector se han convertido también en monitores de la sintomatología asociada con el COVID-19 para reportarla a los guardias, según el portavoz de Presidios, Carlos Morales.

Presidios tiene varios concursos activos para comprar mascarillas, guantes, zapatones y otros insumos de protección personal. También se compró Ivermectina, que de forma informal se ha promocionado como tratamiento para COVID-19 pero su uso no ha sido avalado por Salud.