La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) se pronunció por medio de un comunicado sobre las visitas realizadas a empresas por los diputados de la bancada Movimiento Semilla y trabajadores de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias.

En el comunicado indican que los congresistas Samuel Pérez y Román Castellanos, de la bancada Movimiento Semilla y el Defensor de las Personas Trabajadoras de la PDH, Luis Daniel Reyes, no tienen la potestad legal para realizar las inspecciones en el ámbito privado, ya que es la Inspección General de Trabajo la única entidad legalmente facultada para el efecto.

Asimismo, señalaron que la función de fiscalización de los diputados se limita a entidades públicas y bajo los mecanismos de control establecidos en la Constitución de la República y en las leyes.

Los representantes del CIG, agregaron que es común que los trabajadores de la PDH acompañen a la Inspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero deben contar con la autorización de las empresas para que los funcionarios ingresen, aunque lo deseen hacer como observadores.

La CIG aseguró que según la Constitución Política de la República, cuando un dignatario o funcionario infringe la ley, el Estado o la institución serán solidariamente responsables por daños y prejuicios, pudiendo existir responsabilidad penal o civil.

“Solicitamos a las autoridades correspondientes, abrir un proceso legal a las personas responsables por usurpación de funciones y abuso de autoridad”, detalla el documento.

El PDH, Jordán Rodas Andrade, expresó en su cuenta de Twitter su total respaldo al Defensor de Personas Trabajadoras, Luis Daniel Reyes. “En PDH no somos observadores, ni acompañantes, cumplimos con nuestro mandato constitucional de supervisar la labor de Inspección General de Trabajo del Mintrab”, detalló el procurador.

A su vez, los diputados Castellanos y Pérez respondieron a los señalamientos e indicaron que la principal preocupación de la CIG debería ser el bienestar de los empleados. Pérez agregó que nunca fueron a inspeccionar o fiscalizar empresas y que no insistían si no los dejaban entrar.