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Nacionales

Asesor de la UNE es abogado de Sandra Torres


Marco Vinicio Salvatierra fue contratado por un año bajo el renglón 029 con un salario mensual de Q18 mil.

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Más de seis abogados han defendido a Sandra Torres, en el caso de financiamiento electoral no registrado, por el cual es procesada. Uno de ellos es Marco Vinicio Salvatierra Larios quien desde 2016 comenzó su vinculación en la política al ser asesor de la hoy diputada al Parlamento Centroamericano (Parlacen), Eva Monte Bac.

Torres por medio de su cuenta de Twitter calificó como falsa la información de que Salvatierra, el asesor de la subjefatura de la bancada UNE a cargo de Vargas, fuera su abogado. Pero fue él quien interpuso varias acciones legales para que la mayoría de tiempo de prisión preventiva, Torres lo cumpliera en un hospital privado, lo cual fue autorizado por la jueza Claudette Domínguez.

El salario que percibe ahora el jurista por “servicios profesionales” es de Q18 mil bajo el renglón presupuestario 029 y asesora en la discusión de diferentes comisiones oficiales y de trabajo así como efectuar diligencias y desarrollar tareas asignadas por la subjefatura de la UNE.

Con anterioridad, después de un año de asesorar a Bac, el abogado decidió trabajar con la exdiputada del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Delia Bac. En el nuevo cargo en ese entonces comenzó cobrando Q8 mil mensuales y terminó con un salario dos años después de Q22 mil.

Salvatierra fue contratado de nuevo este año bajo la administración del actual presidente del Congreso, Allan Rodríguez. El contrato administrativo 24-2020 con fecha 27 de enero hace constar que el abogado de la excandidata presidencial percibirá sueldo por un año como asesor de la subjefatura de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

 

Capturada
El pasado 2 de septiembre el Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) allanaron la vivienda de la excandidata presidencial, situada en un residencial de la carretera a El Salvador. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la entonces Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señalaron que ocultó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un apoyo económico privado de Q27.1 millones en la campaña de 2015.

En enero de este año, Torres recuperó su libertad bajo arresto domiciliario, ya que su defensa argumentó que no existe riesgo de que pueda obstaculizar la investigación.

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