Las organizaciones AS/COA/Anti-Corruption Working Group, Americas Quarterly y Control Risks presentaron el informe “La capacidad de combatir el índice de corrupción” en el que evaluaron 15 países de Latinoamérica. De acuerdo al documento, en este ambiente de emergencia que existe a nivel mundial para luchar contra la pandemia, aumentó la corrupción y la mala gestión de los fondos en los países.

Guatemala ocupa el lugar número 11 de 15 con una calificación de 4.04 en el que Venezuela tiene la posición 15 de países que no luchan contra la corrupción. 

La AS/COA//Anti Corruption Working Group es una red orientada a la acción enfocada en producir resultados concretos y contribuir a la reducción de la corrupción en América Latina y es financiada por miembros corporativos y fundaciones. El estudio presentado tiene como objetivo ayudar a los países de la región a encontrar un camino para reducir la corrupción. 

Refiere que en Guatemala la lucha contra la corrupción “se ha desvanecido” debido a las nuevas decisiones políticas y ha causado daños significativos a los esfuerzos realizados en años anteriores”. Este segundo informe de las tres instituciones evalúa las herramientas utilizadas para combatir la corrupción y Guatemala se encuentra en el nivel 11 de 15 naciones que son más propensas a ser impunes. 

Se evaluó la independencia de instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos existentes para combatir la delincuencia de “cuello blanco”.

Lo encontrado en Guatemala 

Describen que tras la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el ambiente sufrió un deterioro y existió un retroceso en la lucha contra la corrupción. Guatemala tenía un puntaje de 4.55 el año pasado, en 2020 presenta 4.04.

Refieren que el expresidente, Jimmy Morales, dejó en cierto punto una debilidad en el sistema pese a que en el país existen aspectos positivos como una sociedad civil “vibrante” y  Organizaciones no Gubernamentales (ONG) fuertes.

Las críticas hacia el país según el informe es que el Congreso de la República “probablemente se moverá para socavar aún más las investigaciones anticorrupción” y eso se verá reflejado en una reducción de sentencias por delitos de cuello blanco, financiamientos de campañas y fraude fiscal. 

Agregan que la elección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones será clave aunque un tema delicado. El informe también enfatiza que la asistencia financiera aprobada en la actual administración de Alejandro Giammattei para la atención de la pandemia puede convertirse en un foco de riesgo de corrupción.