El Ministerio Público (MP) informó por sus canales de comunicación oficial y redes sociales la ruta que siguió la notificación de la Corte de Constitucionalidad (CC) que certifica lo conducente contra la Comisión Permanente del Congreso.

La denuncia contra los diputados por desobedecer dos veces con entregar el expediente original con las diligencias de antejuicio contra cuatro de los cinco titulares de la alta corte, se trasladó a la Oficina de Atención Permanente (OAP) -adonde van todas las denuncias de los ciudadanos- y luego quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos.

La Comisión Permanente del Congreso se integra por el presidente Allan Rodríguez; Sofía Hernández; Luis Rosales, Armando Castillo Alvarado, Rudy Pereira, Douglas Rivero y Santiago Nájera. Rosales, que también integra la pesquisidora contra los magistrados de la CC, indicó que continúan trabajando, pese a que la alta corte dejó en suspenso las diligencias de antejuicio.

La petición para retirarles la inmunidad a los cuatro magistrados de la CC cuestiona la sentencia que dicta pautas para la elección de cortes de justicia y fue planteada por Roberto Hernández Guzmán, que se postuló como aspirante a Salas de Apelaciones.

La forma en que se integró el pleno de la CSJ que avaló el traslado del expediente al Congreso es objeto de varios amparos.

En contraparte, el MP recibió cuatro denuncias contra los magistrados de la CC bajo el señalamiento de que al otorgar el amparo provisional a favor de organizaciones y el PDH se “autoampararon”.

Jurisprudencia

En la resolución cuestionada, la alta corte alude que la jurisprudencia establece que los magistrados no pueden ser perseguidos por sus opiniones, y que estas se recogen en los fallos que emiten. En otras ocasiones, la CC ya ha resuelto en esa línea, con la diferencia de que algunos de los cuestionados se han inhibido y la protección ha sido respaldada por los magistrados suplentes. Precisamente, cuando era suplente de la CC, en 2017, Consuelo Porras acuerpó el planteamiento de que las resoluciones de la corte no acarrean responsabilidad penal.

Sobre las acciones contra los diputados, abogados como el constitucionalista Gabriel Orellana, opinan que no hay más que investigar, ya que el incumplimiento estuvo a la vista de la población.

El excanciller Eduardo Stein considera que la Fiscal General tiene una gran responsabilidad frente a esta crisis institucional, constitucional, que surge por los intereses en torno a la elección de las cortes de justicia.

“La jefa del MP tendrá que salir y dar una respuesta, no sólo para salud política del país o por el procedimiento jurídico legal, sino porque tiene una responsabilidad con toda la nación, de calmar el agua antes de que la tormenta empeore”, añade.

Llueven denuncias

Además de la denuncia de la CC por desobediencia, la Fiscalía de Delitos Administrativos dará seguimiento a estas otras quejas que llegaron al MP en los últimos días.

28 de junio

El Congreso de la República, mediante su Mandataria Judicial, contra magistrados de la Corte de Constitucionalidad por la resolución en la que se “autoamparan” al resolver los amparos de PDH; Fundación Myrna Mack y Acción Ciudadana.

Guillermo Ernesto Gil Barrientos en contra de Gloria Patricia Porras, José Fancisco de Mata Vela, Bonerje Amilcar Mejía Orellana, José Par, María Fernández García y Rubén Rivera Herrera.

Fundación Contra el Terrorismo contra la CC; PDH; Acción Ciudadana; Fundación Myrna Mack.

30 de junio

La abogada Gilma Maribel Lemus Orellana contra magistrados de la CC por la misma resolución cuestionada.