Por cuarta vez, desde noviembre de 2018, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sostiene la inmunidad del diputado Felipe Alejos Lorenzana, con lo que se mantiene protegido de posibles acciones penales derivadas del caso Traficantes de Influencias.

Ni los reportes de escuchas telefónicas a otros sujetos bajo investigación ni la declaración de un testigo que documentan la petición de antejuicio presentada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP fueron valoradas como motivo suficiente para despojar de la inmunidad al diputado del partido Todos y primer secretario del Congreso.

En el fallo de la CSJ aparece el sello de Ranulfo Rojas, quien fue vocal décimo de esa instancia, pero actualmente es magistrado del Tribunal Supremo Electoral.

El 31 de mayo de 2019, Rodrigo Presa Riera declaró en audiencia de anticipo de prueba en el Juzgado A de Mayor Riesgo que durante un evento organizado en 2015, Alejos le ofreció ayuda para gestionar la devolución del crédito fiscal a favor de una empresa. La estrategia era que la empresa debía interponer un amparo para que la SAT iniciara una auditoría, a cambio el diputado le habló de una “tarifa de éxito” por los servicios ofrecidos.

El trato no se concretó debido a las pesquisas en torno al caso.

En su resolución de ayer, aprobada por mayoría, la CSJ señala que en las declaraciones testimoniales –incluso la de Presa Riera– “no se demuestra que el antejuiciado hubiere ejercido alguna acción relacionada con devoluciones de crédito fiscal”.

Además, señala que los denunciantes no presentaron elementos razonables de investigación con los que se acreditara que el diputado hubiere intervenido o participado en los hechos que se le atribuyeron.

La FECI sostiene que sí hay investigación preliminar, como se documenta en las escuchas telefónicas y las declaraciones testimoniales. En la primera de las resoluciones de la CSJ se señaló, de forma errónea, que el número telefónico que se atribuía a Alejos no era el que correspondía.

Edgar Ortiz, de la Fundación Libertad y Desarrollo, opinó que la CSJ actúa de forma abiertamente política. Añade que el antejuicio es una protección para que los funcionarios de alta investidura no sean molestados por denuncias espurias y que eso es lo que tiene que determinar la corte, no la culpabilidad ni la inocencia, explica. “La resolución más bien pareciera un alegato de un abogado defensor, están haciendo malabares para absolverlo”, subraya.

Pedirá debida ejecución

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad indicó que pedirá a la Corte de Constitucionalidad la debida ejecución de la sentencia en la que le ordenaba a la CSJ conocer de nuevo el antejuicio contra Felipe Alejos. Las diligencias de antejuicio contra el legislador se iniciaron en enero de 2018.