La Comisión Permanente del Congreso presentó una denuncia contra Gloria Patricia Porras, José Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía Orellana, magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Además, anunció que “mantendrá bajo custodia” el expediente original de los antejuicios en contra de los mismos togados y Neftaly Aldana, incumpliendo así la resolución de la máxima Corte de regresar el expediente original.

El sábado pasado, la CC suspendió los antejuicios en contra de cuatro de sus togados y ordenó al Congreso devolver el expediente, debido a que solo se remitió una copia legalizada. Un día antes, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) convocó a un pleno extraordinario -que se integró con suplentes- y resolvió trasladar al Congreso la petición de antejuicio tras considerar que los magistrados cometieron ilegalidades cuando ordenaron excluir a candidatos “no idóneos” para la CSJ y Salas de Apelaciones.

El fallo de la CC responde a un amparo otorgado al Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Acción Ciudadana y la Fundación Myrna Mack  para dejar sin efecto la petición del abogado José Roberto Hernández. Además, señala que los magistrados de esa Corte no podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de su cargo.

Ante la denuncia presentada por los legisladores, el PDH y Acción Ciudadana  solicitaron a la CC promover la debida ejecución del fallo provisional otorgado para que se cumpla el traslado del expediente.

Las bancadas Winaq, Semilla y UNE manifestaron su rechazo a la denuncia contra los togados de la máxima Corte.

Señalamientos

La Comisión del Congreso presentó ante el MP la denuncia contra Porras, De Mata y Mejía por los delitos de prevaricato, obstaculización a la acción penal, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la carta magna y abuso de autoridad.

De acuerdo al MP,  la denuncia fue trasladada a la Fiscalía de  Delitos Administrativos. Los diputados exigieron al MP velar por el cumplimiento de la ley y que proceda con el planteamiento de antejuicio y una persecución penal contra los tres magistrados.

Acción Ciudadana también le envió una carta a la fiscal general Consuelo Porras en la que le solicita que proceda conforme a la ley por las conductas delictivas flagrantes cometidas por los diputados annte el incumpliminto del fallo de la CC.

Abuso de poder

La Cámara de Industria de Guatemala manifestó su rechazo contra los togados de la CC indicando que todos los funcionarios públicos son sujetos a la ley y que existió un abuso de poder por parte de esa Corte. Señala que los magistrados denunciados no deben conocer un caso que esté en su contra. En esa misma línea se pronunció el CACIF y la Cámara del Agro.