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Nacionales

Exasesor de la UNE y exaspirante a magistrada defendieron a Sandra Torres


El antiguo abogado de la excandidata presidencial también asesoró a Eva Monte y Delia Bac en el Congreso.

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La excandidata presidencial y recién ratificada secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, ha requerido más de seis abogados para que la defiendan en el caso por el financiamiento electoral no registrado en los comicios pasados.

El que más audiencias acompañó a Torres fue el abogado Marco Vinicio Salvatierra Larios, quien comenzó su vinculación con la política desde 2016, cuando la diputada Eva Monte Bac solicitó sus servicios como asesor.

Tras un año acompañando a Monte Bac, Salvatierra decidió brindar asesoría a la diputada Delia Bac, madre de la congresista. En ese nuevo cargo empezó cobrando Q8 mil mensuales en 2017 y terminó con Q22 mil dos años más tarde.

Mientras Salvatierra asesoraba a Bac como diputada oficialista del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), en la Torre de Tribunales diseñaba la estrategia con la que intentó que Torres no fuera procesada por financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.

Luego de no conseguir que la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, cerrara el caso a la excandidata de la UNE, intentó que Torres saliera de prisión aduciendo problemas de salud.

Mientras intentaba liberar a Torres, Salvatierra interpuso varias acciones legales para que la mayoría del tiempo en prisión preventiva, su representada lo cumpliera en un hospital privado, lo cual fue autorizado por jueza Domínguez.

Por diferencia de criterios en la forma en la que Salvatierra estaba intentando que Torres saliera de prisión, la excandidata lo despidió y contrató a Lourdes Samayoa San Juan, quien era aspirante a magistrada de Sala de Apelaciones en esa época; sin embargo, tras pasar dos filtros fue excluida por la Comisión de Postulación.

La medida sustitutiva

Samayoa San Juan aprovechó que Eva Recinos, jueza que cubría vacaciones a la encargada del caso –Claudette Domínguez–, programó audiencia de revisión de medidas para argumentar que Torres padecía quebrantos de salud, que no saldría del país y que no interferiría en los testigos y coimputados en el proceso.

Recinos consideró que Samayoa San Juan tenía razón y le otorgó arresto domiciliario a Torres a cambio del pago de una caución de Q800 mil y la prohibición para participar en reuniones políticas y comunicarse con otras personas relacionadas al caso de financiamiento ilícito de la UNE.

Mes y medio después que Torres salió de prisión, su exabogado –Salvatierra– firmó un contrato anual de Q200 mil 903.23, pero a finales de abril, con los cambios en la dirección del bloque legislativo, presentó su renuncia y, según el abogado, con la misma se suspende el cobro por servicios profesionales.

También la benefició

> Además de autorizar su hospitalización en un sanatorio privado, la jueza Claudette Domínguez también autorizó a Torres acudir al Congreso a una reunión con su bancada, esto sin conocer la postura del MP sobre esa petición.

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