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Nacionales

FECI: excandidata tiene restricción de participar en actividades políticas


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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) requirió información al TSE sobre la documentación que Sandra Torres presentó para que le fuera devuelto el cargo de Secretaria General del partido UNE.

Según el jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, una vez cuenten con la documentación deben analizar si Torres cumplió con las restricciones que la jueza de Mayor Riesgo E, Eva Recinos, impuso luego de favorecerla con la medida sustitutiva.

Dentro de las medidas que Recinos impuso a Torres se encontraba la obligación de firmar cada 15 días el libro de asistencia en el Juzgado de Paz, prohibición de salir del país, no comunicarse con coimputados en el proceso por financiamiento ilícito de la UNE y la restricción de participar en reuniones políticas.

“La prohibición habla sobre reuniones políticas, siendo ella secretaria general habría que establecer si participa en las asambleas u otras reuniones de ese tipo”, dijo el jefe de la FECI.

Torres se encuentra procesada penalmente por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado durante la campaña electoral de la UNE en 2015.

Según la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, la excandidata presidencial pudo tener responsabilidad en el ocultamiento al TSE, de Q5.9 millones utilizados para promover su imagen y la del partido.

Usa ley de femicidio

En mayo de 2019, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujeres y Violencia Sexual de Guatemala ordenó a la jueza Neidy Rodríguez que decretara medidas cautelares en contra de varios integrantes del directorio de elPeriódico, después que Torres interpusiera una denuncia por supuesta violencia contra la mujer.

Los magistrados de la Sala de Femicidio, Rafael Morales, Franc Martínez y Fredy López, ordenaron a la jueza que resolviera que siete editores y la gerente de ventas de elPeriódico no podían perturbar a la excandidata presidencial con ninguna investigación sobre ella. La medida fue dictada a favor de Torres cuando la campaña electoral 2019 ya había empezado.

Además de esa denuncia, Torres también señaló a los fiscales encargados del caso de financiamiento ilícito de la UNE, por violencia contra la mujer de forma psicológica y la jueza Sabrina Salazar, también resolvió a favor de la excandidata y prohibió a los fiscales perturbar a Torres.

La política también utilizó la ley de femicidio para emprender acciones legales contra tres diputados de la bancada UNE, después que los congresistas expusieran que la excandidata ejerciera presiones por no seguir la línea de trabajo que ella deseaba.

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