La Corte de Constitucionalidad (CC) negó la apelación con la que Felipe Alejos, diputado por el partido Todos, buscaba anular las declaraciones de dos testigos que detallaron la forma en la que el congresista medió en favor de empresarios para que una estructura ilegal agilizara la devolución de créditos fiscales.

Por unanimidad, los magistrados de la CC argumentaron que no existe la vulneración de derechos que Alejos alegó y con lo cual intentó que la declaración brindada en 2019 por Rodrigo Presa Riera y David Carlos Ekman Khan quedara sin efecto.

En sus alegatos, Alejos señaló que por estar investido de inmunidad los testigos no podían declarar en su contra, pese a que la investigación y los hechos relatados involucraban a varias personas procesadas dentro del caso Traficantes de Influencias.

Además, el vicepresidente del Congreso alegó que se le había negado su derecho de defensa porque la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, no dejó que sus abogados participaran en una audiencia en la que no se estaba juzgando a Alejos, pero fue mencionado por los testigos.

Involucramiento

En la declaración de mayo de 2019, Presa Riera admitió que en una reunión con varias personas, Alejos le preguntó cómo le iba a la empresa en la que laboraba; el testigo le comentó que tenían problemas con la devolución del crédito fiscal y el diputado se ofreció a agilizar los trámites.

“Alejos me dijo que, por medio de un amparo, la SAT debía nombrar auditores, con lo que lograrían que el proceso avanzara. Lo platiqué con mi jefe –Ekman Khan– y le dijimos que estábamos de acuerdo”, declaró Presa Riera.

Ekman Khan también testificó que se reunieron en un apartamento de Alejos en la zona 14 y el diputado les comentó que los “trámites” se habían paralizado porque habían capturado a varias personas de la SAT por el caso La Línea.

Ambos testigos aseguraron que no pagaron a Alejos porque al no concretarse la agilización, el dinero no le fue entregado.

Estructura criminal

El MP señala en el proceso a los exdirigentes de la SAT, Omar Franco y Carlos Muñoz, al trabajador de esa institución, Giovanni Marroquín Navas, a Inngmar Iten, y otras 15 personas sindicadas de pertenecer a la estructura que agilizaba la devolución del crédito fiscal a cambio del pago de una comisión ilegal.