El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) vela por la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en sus manifestaciones física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado. En febrero, manifestaron su preocupación por la intención de bajar el rango jerárquico de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem).

¿Cómo se observa la posibilidad de disminuir la jerarquía de la Seprem?

En el escenario doméstico hay un problema, porque la máxima institución para lograr la igualdad entre hombres y mujeres es la Seprem, y los distintos órganos internacionales, como el MESECVI, el Sistema Interamericano, la Cedaw (según las siglas en inglés, Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer), la plataforma de acción de Beijing hacen un llamado a fortalecer los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres. 

¿Qué elementos analiza MESECVI para valorar el cumplimiento de la convención? 

– Tenemos indicadores en cuanto a la estructura del Estado, la legislación, las políticas que se van adoptando y su implementación y si las mujeres tienen acceso a los derechos, si existe un mecanismo nacional para la violencia. También tenemos un indicador cualitativo para ver el nivel jerárquico del mecanismo y su presupuesto. Eso nos permite ver el compromiso real de los Estados. 

¿Qué denotan los indicadores respecto de la violencia hacia las mujeres?

– América Latina es una de las regiones que tiene los índices más altos de violencia contra las mujeres en comparación con otras regiones del mundo. En Guatemala, los índices de femicidio, violencia sexual y tráfico de mujeres, son bastante preocupantes, por lo que es importante y necesario que haya una instancia que se ocupe de seguir avanzando y de tener políticas integrales que se dirijan a erradicar la violencia hacia las mujeres. 

¿Qué debe hacer la Seprem para cumplir con sus objetivos?

– Ahora es una institución asesora y coordinadora de política pública, me parece que es fundamental el rol que cumple. Pero se ha definido ‘a priori’ que no es una institución ejecutora, me parece que sería fundamental que sí cumpliera esa labor ejecutora y en vez de disminuir su nivel jerárquico y poder, debe ser fortalecida. El Artículo 7 de la Convención de Belém do Pará habla de obligaciones inmediatas, que tiene que ver con abstenerse a prácticas de violencia, actuar con debida diligencia para prevenir e investigar las agresiones, pero también demanda respuestas, como que haya refugios para las mujeres víctimas. Y el Artículo 8 establece otro tipo de obligaciones mucho más complejas, como la observancia de modificar los patrones socioculturales para que las mujeres vivan una vida libre de violencia. Eso requiere una institucionalidad que sea apropiada, al más alto nivel jerárquico, con los recursos económicos, humanos, para lograr la coordinación con ministerios, como educación, para que se vayan eliminando esos patrones socioculturales. Es un trabajo que requiere mucho esfuerzo.

¿Por qué a las mujeres debe interesarnos que exista una Secretaría para la Mujer?

– El que los temas de las mujeres estén en la agenda política y en la toma de decisión es indispensable para que de verdad podamos seguir trabajando en la línea de la igualdad. Particularmente, con respecto de la violencia, si no hay una instancia que se preocupe de estos problemas, difícilmente se va seguir trabajando en pos de la eliminación de la violencia, que en Guatemala es particularmente preocupante.

El acceso a la justicia para las mujeres es otro de los indicadores que más nos preocupa a nivel latinoamericano. Si no hay un órgano al interior del Estado que se preocupe de esos temas y de seguir capacitando a jueces, al personal de la administración de justicia, eso no va a avanzar; si no se capacita al personal de Salud que atiende a las mujeres en casos de violencia, no van a dar una alerta, no van a responder ante los casos que siguen sucediendo. Es muy necesario que haya una institucionalidad que siga trabajando para que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia y en condiciones de igualdad, que les paguen los mismos salarios, que tengan sala cuna adonde mandar a los hijos y que no tengan que hacerse cargo de todos los temas de cuidado.

Muchos de los apoyos a las víctimas los asume la sociedad civil, ¿qué se ganaría con dar el salto institucional?

– En general, en el ámbito de los derechos humanos, el principal obligado a actuar es el Estado, es el que tiene que garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, dado que los estados muchas veces no lo hacen, por recursos o voluntad política, la sociedad civil inicia acciones. Y solo el Estado está en condiciones de llegar a toda la población, a todo tipo de mujeres, no solo a las que viven en la ciudad sino en todo el país, en zonas rurales, las que a lo mejor tienen alguna discapacidad, a quienes dificultades adicionales para acceder a algún tipo de servicio.

¿Qué herramientas debe tener la Seprem para cumplir con ese propósito de llegar a todas? 

– La jerarquía para adoptar decisiones e implementarlas, los recursos financieros y el personal suficiente, para poder realmente desarrollar todas las actividades que se proponga en su plan estratégico. En toda la región vemos que los ministerios de la mujer o las oficinas para su adelanto tienen un presupuesto de menos del uno por ciento del Presupuesto nacional, con lo que difícilmente van a poder llegar a toda la población. Estamos viendo que para los distintos gobiernos, este no han sido un tema prioritario, a pesar de que la mayor parte de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia. 

¿Por qué la resistencia en la región para no darle más empuje a estas instituciones?

Ha habido avances en la región, como en el mundo, fundamentalmente desde los 90, que se empiezan a establecer este tipo de instituciones. No es suficiente y no ha ido tan rápido como quisiéramos, la violencia se sigue viendo como un problema privado, que afecta solo a un grupo de la población y no a la mitad de la población. Tampoco se ha visto el impacto de la violencia hacia las mujeres en la salud o en la economía. Cambiar patrones socioculturales requiere de un esfuerzo bastante sistemático y social que no necesariamente se ha hecho, se ha hecho más que nada, políticas dirigidas a responder al problema, más que prevenirlo.

¿Son las movilizaciones de mujeres las que hacen retroceder a los gobiernos?

– Puede ser, lo que estamos viendo es que en la región hay, de alguna manera, un retroceso en la percepción de cómo se entienden ciertos conceptos en los que ya había acuerdo, como en los de género, hay un cuestionamiento, nuevamente, a lo mejor por cuestiones ideológicas. Cuando hablamos de género es una herramienta que nos permite incorporar, hacer un análisis que incorpore la perspectiva de los hombres y las mujeres en cualquier tipo de política, vemos que para algunos gobernantes ese concepto es de preocupación porque no quieren que avancen temas como el aborto y hacen un vínculo que no es correcto, pero que pone en entredicho todo el avance del movimiento feminista y de mujeres.

“Es muy necesario que haya una institucionalidad que siga trabajando para que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia y en condiciones de igualdad”.

“La violencia se sigue viendo como un problema privado, que afecta solo a un grupo de la población y no a la mitad de la población”.