Los hallazgos del informe de auditoría del año fiscal 2019 de la Contraloría General de Cuentas (CGC) podrían quedar sin sanciones. Esto debido a que las personas señaladas, la mayoría exfuncionarios públicos, recibieron la notificación y discutieron el hallazgo sobre irregularidades en su gestión de forma electrónica, un proceso que la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó suspendido el 2 de junio por medio del expediente 1763-2020.

Esta modalidad la aprobó la primera semana de abril la CGC debido a las medidas de distanciamiento social que se tomaron para la contención del COVID-19 y previo a que la CC lo dejara sin efecto fue utilizado por los funcionarios señalados para ampliar el tiempo que tenían para defenderse.

En los informes de auditoría de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia o del Ministerio de Comunicación, los exfuncionarios argumentan que no pudieron recabar toda la información necesaria para desvanecer el hallazgo, porque las instituciones públicas se encontraban cerradas y pidieron a la Contraloría que se apegara al Decreto 12-2020, Ley de Emergencia para Proteger a los Guatemaltecos, el cual permite suspender los procesos administrativos y legales.

2 denuncias  ante el MP fueron presentadas por la Contraloría por supuestas irregularidades en la cartera de Salud.