Para que la población “no vea con desconsuelo que las obras se quedan tiradas”, la fiscal general Consuelo Porras anunció una iniciativa que junto con la Contraloría persigue reactivar las obras municipales inconclusas.

Además de establecer responsabilidad de las autoridades -muchas salientes, muchas reelectas- dijo Porras, se buscará ejecutar las fianzas, cuando corresponda, de aquellos puentes no terminados, calles destruidas e “irle limpiando la mesa a los alcaldes”, dijo Porras durante un acto público en el que el Ejecutivo se adhirió al convenio de buena gobernanza.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) ya solicitó a Segeplan un listado de las obras inconclusas. Si hay un proceso legal en desarrollo, se buscará la forma de que otra constructora pueda terminar la obra, dijo el contralor Edwin Salazar.

Al consultar sobre las salidas administrativas que podría tomar la CGC, la asesora Mónica Monge explicó que se debe realizar la revisión de cada proyecto, verificar en qué situación está cada uno en su avance físico y financiero, determinando su situación legal y administrativa, con base en los dictámenes financieros, de auditoría interna y legales de la institución que haya adjudicado el proyecto.

Para ese propósito, se formarán diferentes comisiones y mesas técnicas de acuerdo a la información que remita Segeplan, dijo Monge.
Se buscó ampliar detalles con el MP sobre la iniciativa, pero no se obtuvo respuesta.

Ejecución en desarrollo

Como parte de las acciones de buena gobernanza, se dará seguimiento a las compras relacionadas con la calamidad a causa de COVID-19, anunció la Fiscal.

Pacto de gobernanza

El titular de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción, Oscar Dávila; la secretaria general Leyla Lemus, el coordinador de gobierno abierto electrónico, Enrique Cossich, serán los delegados del Ejecutivo para trabajar en el Pacto de Buena Gobernanza suscrito inicialmente por el MP e instituciones públicas en 2019.