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Nacionales

PDH presenta inconstitucionalidad contra reglamento de ley sobre servicios básicos


Señalan que el reglamento establece excepciones que permiten el corte de servicios, vulnerando los derechos de la población.

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El Procurador de los Derechos humanos (PDH), Jordán Rodas, presentó una acción de inconstitucionalidad parcial en contra de del Acuerdo Gubernativo 74-2020 que establece el reglamento para aplicar la ley 15-2020 que prohíbe la suspensión de servicios básicos.

Rodas explicó que el reglamento establece requisitos que no están en la norma que excluye población afectada por el desempleo que no ha podido pagar sus facturas. El decreto fue publicado el sábado y entró en vigencia ayer.

El asesor jurídico del PDH dijo que el presidente violó el inciso “E” del artículo 183 de la Constitución que establece que que el presidente tiene la facultad de dictar los reglamentos para el cumplimiento de las leyes, sin alterar su espíritu.

Entre las diferencias señaladas están que el reglamento establece un plazo de tres meses para otorgar el beneficio, mientras que la ley fue aprobada para garantizar los servicios mientras esté vigente el Estado de Calamidad y sus prórrogas.

También indica que podrán aplicar solo domicilios o residenciales, dejando de fuera la cobertura a comerciantes y profesionales independientes afectados por la suspensión laboral.

Además, se establece un consumo máximo de Q300 para el servicio de agua. Mientras que en el servicio de energía eléctrica podrán aplicar las personas que consuman menos de 300 kilovatios por hora y no tengan mora al momento de la entrada en vigencia del decreto 15-2020, el 21 de mayo pasado. También permite la modificación de los planes de servicio de Internet, cable y telefonía.

Según la PDH, la ley indica que en ningún caso se podrá suspender la prestación de servicio mientra que el reglamento contiene casos de excepción que vulnerando el derecho de la población afectada por la emergencia sanitaria.

Posición del CACIF
Luego de la entrada en vigencia de la ley 15-2020, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) manifestó que la normativa no enfoca el apoyo de forma oportuna en la población que realmente lo necesita. El sector empresarial considera que el suministro eléctrico para todo el país estaría en alto riesgo debido a la entrada en vigencia del decreto, ocasionando un perjuicio mayor al beneficio que se busca.

Señaló que la legislación tiene deficiencias y ambigüedades porque no detalla a los beneficiarios, no se establecieron plazos y no se incluye una fuente de financiamiento para las empresas afectadas.

El grupo indicó que están a favor de la búsqueda de mecanismos eficientes y transparentes para que existan medidas de ayuda para las familias vulnerables, sin embargo consideran que el decreto presenta inconstitucionalidades.

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