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Nacionales

Amparos contra notificaciones detienen denuncias de la Contraloría


Seis municipalidades, tres ministerios y la oficina del PDH son las entidades contra las que no se pudo presentar las acciones penales.

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La Contraloría General de Cuentas (CGC) presentó ayer al Congreso el informe a la liquidación del Presupuesto de la Nación 2019, sobre el cual se formularon 32 denuncias en el Ministerio Público (MP). Sin embargo, la institución dejó de plantear 13 acciones penales debido a que las notificaciones de hallazgos de manera electrónica, por el COVID-19, fueron suspendidas.

Mónica Monge, asesora de la CGC, indicó que los amparos fueron promovidos por la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH). Agregó que otros 104 hallazgos también quedaron en suspenso, los cuales podrían derivar en más acciones penales, o formulaciones de cargos.

Las denuncias que no se pudieron presentar son contra las municipalidades de San Lucas Sacatepéquez, Cuyotenango (Suchitepéquez), San Lucas Tolimán (Sololá), Quetzaltenango, Totonicapán, Villa Nueva; así como los ministerios de Desarrollo Social y de Ambiente, cuatro contra la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) y la oficina del PDH.

Además de las 32 denuncias por la auditoría a la liquidación del Presupuesto, la CGC planteó otras 127 como resultado de exámenes especiales de auditoría. Otras 61 acciones penales se plantearon contra funcionarios por irregularidades en la presentación de sus declaraciones juradas patrimoniales. En el informe 2018, la Contraloría presentó 229 denuncias por auditorías y fiscalizaciones especiales.

Sin cumplir su función

A criterio de consultor de la organización Acción Ciudadana (AC), Marvin Flores, el papel de la actual gestión de la CGC ha sido deficiente, no por la cantidad de denuncias planteadas, sino porque no ha dado acompañamiento a las instituciones públicas para evitar anomalías en los procesos. Una de las muestras es lo que ocurre en la emergencia por el COVID-19.

Durante la emergencia, se han anulado varios procesos de contratación así como compras con sobreprecio y ventas de productos de parte de empresas con un giro comercial distinto, como las agroferreterías y constructoras, que venden alimentos y medicinas a las municipalidades, sin que la Contraloría haya informado sobre proceso de auditorías.

Integrante del PU hizo cobros ilegales

Olga Maritza Haussler Porras de Caballeros cobró Q934 mil 163 entre 2000 y 2018, correspondientes a su jubilación. No obstante, a la vez contaba con una plaza en la Municipalidad de Guatemala con la que devengaba un segundo salario. Ella fue obligada a devolver el dinero que cobró como pensionada, porque dicho pago se le debió suspender, según reveló un examen especial de auditoría a la comuna.

Haussler fue electa en 2015 como miembro suplente del Tribunal de Honor del Partido Unionista (PU), cuyo secretario general es el diputado Álvaro Arzú Escobar. Además de ella, a Olivia Yolanda López Estrada de Moscoso también se le pidió devolver Q300 mil 970 cobrados como jubilación, mientras trabajaba en la comuna capitalina.

Otra institución obligada a devolver recursos fue la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS). En total, se le obligó a devolver Q168 mil 952 por ropa y artículos personales comprados al expresidente Jimmy Morales. También se hicieron contrataciones indebidas, según los auditores de la Contraloría, como señal satelital de televisión y gastos para operaciones donadas por el expresidente Morales.

MAGA pagó a muertos

De acuerdo con la auditoría practicada en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), en 2018 esta institución pagó Q119 mil 800 que fueron acreditados a nombre de 599 personas reportadas por el Renap como fallecidas. La forma como se hicieron los pagos fue por medio de cupones valorados en Q200 cada uno, canjeables por insumos agrícolas, uno de los programas más cuestionados del MAGA. La fecha de fallecimiento de las personas fue entre 2017 y 2018, antes de que se hicieran efectivos los pagos.

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