Los proveedores que venden materiales de construcción, rehabilitan caminos o construyen obras son los que ganan los contratos más onerosos en las municipalidades. Con la emergencia del coronavirus cambiaron su estrategia, ahora suministran granos básicos y abarrotes con los que alcaldes aseguran que ayudarán a los afectados. Sin embargo, las constructoras operan como un intermediario entre los productores y el comprador final, actividad prohibida durante el Estado de Calamidad. Además, los costos a los que son adquiridos los productos superan los precios al mayorista identificados por el gobierno.

Una de estas empresas es la Corporación Agroferretera La Chiulense, S.A. que obtuvo un contrato de Q2.9 millones para vender alimentos en la Municipalidad de Nebaj, Quiché. La sociedad representada por Gumercindo Baten Acabal inició operaciones el 16 de diciembre de 2019, según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y su actividad comercial es la venta de materiales de construcción y artículos de ferretería. En 2018, Baten vendió pintura y materiales de limpieza, a la comuna de Sacapulas, con la empresa individual Multiservicios La Nueva G.

Entre los productos que suministró La Chiulense, se encuentran 75 mil libras de frijol negro en grano a Q5.45 cada una. Los costos de ese producto registrados por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) oscilan entre Q4.55 y Q4.75. La empresa también vendió 15 mil litros de aceite marca Aureola a Q13.50 por artículo, cuando este se obtiene a Q10.60 al por mayor, indicó una empresa que distribuye el producto. Baten no respondió las llamadas hechas por elPeriódico, mientras que el alcalde Virgilio Bernal justificó que el proveedor cumplió con todos los requisitos.

Otro ejemplo es el de José Alejandro Ramírez Mansilla, propietario de Multiservicios Ramírez, quien durante la emergencia del COVID-19 ha obtenido Q2.3 millones por la venta de alimentos en siete municipalidades. Solo la corporación de Fraijanes le compró 19 mil 370 bolsas de alimentos por Q1.1 millones. La entidad dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil también proveyó 200 quintales de frijol a Q500 cada uno, así como 500 quintales de maíz a Q200 por unidad. No obstante, los precios del MAGA dan cuenta que ese grano importado se cotiza entre Q150 y Q155.

Proveedor cuestionado

Entre el 30 de marzo y el 14 de abril, Heysel Zulema Cabrera de Morales, propietaria de Proyectos y Servicios de Oriente, S.A., logró adjudicaciones por Q946 mil 800 por suministro de maíz y frijol en grano. En la alcaldía de Río Hondo, Zacapa, cada cien libras del primer producto las vendió en Q170, y las del segundo en Q480.

No es la primera vez que Cabrera vende productos por arriba del precio promedio. En 2016, la Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció en el Ministerio Público (MP) la sobrevaloración de tanques de agua en y bombas para fumigar vendidas por Proyectos y Servicios de Oriente, para un programa de huertos familiares para el programa Hambre Cero, ejecutado por el Consejo de Desarrollo de Zacapa. Según los hallazgos, la sumatoria de los sobrecostos fue de Q115 mil 274.

En esta lista también figura la Agroferretería Maconel, S.A. representada por Pablo Darío Kroker Morán, que ha ganado Q22.7 millones en el Estado por el arrendamiento de maquinaria y venta de insumos agrícolas. Pero durante la pandemia, cambió su forma de hacer negocios. Entre los productos que vendió en Camotán, Chiquimula, se encuentran 40 mil libras de frijol a Q6 cada una y 200 mil libras de maíz a Q2 por unidad. Por el primer producto, la comuna pagó Q58 mil de más; mientras que por el segundo Q100 mil de sobrecosto, según se observa al comparar los montos totales con los de mayoristas.

Abusos de la excepción

De acuerdo con el economista Ricardo Barrientos, este comportamiento en las adquisiciones públicas podrían calificarse como abusos en el Estado de Calamidad porque esta figura les da cierta libertad a las empresas, pero la CGC debe indagar sobre estas. Gabriela Ayerdi, de Acción Ciudadana, señaló que estas adquisiciones opacas deben investigarse porque son propicias a la corrupción, principalmente en las municipalidades donde este tipo de negocios generalmente no están sujetos a fiscalización.

Una muestra más del cobro de productos por arriba del precio promedio ocurrió en la comuna de Senahú, Alta Verapaz, donde la entidad Outsourcing Total, S.A. (dedicada al suministro de artículos como escritorios y máquinas para hacer ejercicio), representada por Adelso Antonio Marroquín Sandoval, obtuvo cuatro adjudicaciones por excepción por Q371 mil 350. En una de estas fue la compra directa identificada con el Número de Publicación en Guatecompras (NPG) E471356123, en la que consta la venta de 50 quintales de arroz a Q450 cada uno, es decir una diferencia de Q6 mil 500 entre el costo adjudicado y el promedio.

Una publicación de Nuestro Diario, señala que en 2019, la Municipalidad de Villa Nueva adjudicó a Outsourcing Total la adquisición de 5 mil 700 pupitres por Q644 cada uno, a pesar de que estos productos se podían obtener en esa fecha, a Q160.

La empresa Agro Free, dedicada a la venta de fertilizantes y transportes, vendió Q1.7 millones a las municipalidades de San Juan Cotzal, San Bartolomé Jocotenango y Chicamán (Quiché), así como Santa Lucía La Reforma (Totonicapán) por Q1.7 millones. La comuna de San Juan Cotzal también pagó Q6 mil por transporte de granos básicos.

La Constructora Olam, propiedad de Héctor René Natareno Pérez, logró adjudicaciones por Q456 mil 632 en las corporaciones ediles de Olintepeque, Quetzaltenango, y San Francisco El Alto, Totonicapán. Entre los productos que vendió se encuentran 3 mil jabones de mano antibacteriales a Q7.50 cada uno, de los cuales no se especifica la marca.

Limitaciones

El Decreto 8-2020 con el que el Congreso ratificó el Estado de Calamidad por el COVID-19, señala que se prohíben las contrataciones a través de intermediarios, lo cual a criterio del diputado de Semilla, Samuel Pérez, prohíbe a empresas con un giro comercial distinto, proveer alimentos. La CGC respondió que en las auditorías se evalúa el giro normal de negocios, así como el historial de ventas, “aunque no hay una prohibición expresa, se evalúa el riesgo de fraude, corrupción, nepotismo y clientelismo”, indicó la institución. El Artículo 47 del Código de Comercio establece que los administradores o gerentes de empresas tienen la facultad de celebrar contratos “que sean del giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto”.