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Nacionales

Gobierno violó su propia disposición que prohíbe reuniones


Abogados consultados manifestaron estar sorprendidos por la falta de sentido común de las autoridades.

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El pasado jueves 30 de abril las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) se reunieron en un salón comunal con pobladores de la aldea Sintaná, El Quetzal, San Marcos.

En las redes sociales de dicha dependencia se dio a conocer que el ministro Josué Edmundo Lemus Cifuentes y el director de Caminos, Fredy Chojolan Duarte, llegaron a dicha localidad para ofrecer la construcción de una carretera que conduce de la Aldea Sintaná hacia la cabecera municipal de El Quetzal.

«Las carreteras son las que llevan el desarrollo económico de los pueblos, es por eso que el gobierno trabajará para concluir con la construcción de este proyecto de El Quetzal hacia la Aldea Sintaná lo más pronto posible», dijo el ministro de Comunicaciones a los presentes de acuerdo con una de las publicaciones realizadas en redes sociales.

Aunque en las fotografías publicadas por el Ministerio de Comunicaciones se puede observar que en la reunión existió un intento por mantener el distanciamiento social, lo cierto es que la actividad supone una violación a la prohibición presidencial de «realizar eventos de todo tipo y de cualquier número de personas en cualquier lugar».

Dicha prohibición forma parte de la séptima disposición presidencial emitida por la Presidencia de la República como parte de las medidas implementadas para contener la propagación de la pandemia Covid-19 y que se encuentran vigentes desde el pasado 12 de abril y vencen el próximo 4 de mayo, salvo prórroga.

El ministro de Comunicaciones, Josué Lemus, indicó a través de su departamento de comunicación social que él acudió a San Marcos en compañía del director de Caminos para realizar la supervisión de un tramo carretero.

Indicó que la reunión en el salón fue organizada por el alcalde de El Quetzal y aseguró que antes de ingresar se cumplió con todas las medidas como la portación de mascarillas, la sanitización de manos con alcohol en gel y todas las sillas contaban con el distanciamiento recomendado.

Hecho inaudito

Consultado al respecto, el abogado constitucionalista, Alejandro Balsells Conde, comentó que la reunión celebrada entre las autoridades del CIV y pobladores de San Marcos «es una clara violación a lo dispuesto por la Presidencia de la República».

«Uno esperaría que dentro del mismo gobierno prive el sentido común y no se exponga a la población pero está claro que esto no es así», expresó Balsells.

Por su parte el abogado penalista, Juan Rodolfo Pérez Trabanino, expresó que «habrá que evaluar las circunstancias en las que se dio dicha reunión para determinar si existen posibles consecuencias penales».

«El problema es que existe mucha confusión al respecto porque por una parte el presidente pone por escrito unas restricciones y luego sale a decir que ‘doña Chonita’ tiene excepciones. Pero la verdad es que es inaceptable que un ministro de Estado viole estas disposiciones presidenciales», comentó Pérez.

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