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Nacionales

El estado de derecho en Guatemala está retrocediendo durante la pandemia según abogados internacionales


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El Consorcio Internacional de Asistencia Jurídica (ILAC, en inglés) publicó un artículo sobre la situación de Guatemala durante la pandemia por el COVID-19 que advierte que el estado de derecho en el país seguirá retrocediendo. 

La publicación criticó las acciones del Congreso de la República que utilizó una discusión relacionada a la emergencia sanitaria, para aprobar una ley que limita a las organizaciones no gubernamentales. 

La Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió la normativa pero está pendiente de emitir una resolución definitiva que está demorando porque las sesiones del pleno están limitadas por el nuevo coronavirus. 

Los abogados internacionales consideran que la máxima corte ha sido una institución que ha intentado mantener el Estado de Derecho, pero la irregularidad de sus labores tiene en suspenso varios amparos como la solicitud para descentralizar las pruebas de diagnóstico, y se garanticen los servicios básicos a la población. 

El artículo también menciona el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones que fue suspendido y está bajo investigación por supuesta injerencia de actores políticos. Asimismo, cuestiona la elección del Tribunal Supremo Electoral (TSE). 

“En medio de la cuarentena nacional, el Congreso de Guatemala se reunió el 17 de marzo y eligió a miembros del TSE. La sesión del Congreso se cerró a los medios de comunicación como una medida para aparentemente evitar la propagación del virus. En respuesta, muchos sectores dentro de Guatemala expresaron preocupación por la falta de transparencia en el proceso electoral. A pesar de estas preocupaciones, los nueve jueces recién elegidos tomaron el banquillo el 27 de marzo”, señaló el ILAC.

Una de las primeras decisiones del nuevo TSE fue suspender la anulación de seis partidos políticos y sanciones económicas contra ex candidatos políticos, compañías publicitarias y organizaciones políticas que habrían incurrido en financiamiento ilícito. 

 La libertad de prensa también ha sido afectada. Un grupo de más de 100 comunicadores solicitaron al gobierno evitar las censuras y mejorar el traslado de información relacionada a la pandemia.

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