La Coalición por la Seguridad Ciudadana y el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), presentó un informe en temas de seguridad donde resalta que ha disminuido un 32 por ciento el delito de homicidio debido al confinamiento por el COVID-19. 

El investigador, Walter Menchú,  resaltó que en marzo del año pasado se documentaron 336 homicidios, mientras que en este año durante el mismo mes se registraron 181 muertes violentas, lo que representa un 46 por ciento menos de homicidios. 

Las cifras preliminares hasta el 21 de abril muestran un descenso del 58 por ciento. El país tuvo en marzo una tasa de 19.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, cifra histórica en la última década, según indicó Menchú. 

En la ciudad de Guatemala las cantidades homicidios han sido menores,  en la zona 1, 5 y 18. Pero aumentó en las zonas 11 y 21. 

Violencia en departamentos

Los homicidios aumentaron en los municipios de Sololá a un 100 por ciento, ya que en 2019 registraba tres muertes durante los primeros tres meses y en lo que va del año registran seis, esto debido al conflicto territorial entre las comunidades de Santa Catarina Ixtahucán y Nahualá. También se reportó el asesinato de una mujer. 

También se reportó un aumento de muertes violentas en Masagua, Escuintla y La Nueva Concepción, Escuintla;  Jalapa, Jutiapa; Los Amates, Izabal, y Quezaltepeque, Chiquimula. 

“Por primeva vez en mucho tiempo la tasa de extorsiones bajó una décima, hay que tratar de cumplir las disposiciones para no recargar a la policía en su trabajo que podrían estar aprovechando para realizar las investigaciones” detalló Walter Menchú, analista del CIEN.

Entre los delitos que se siguen registrando más son,  homicidios, lesiones, violaciones, secuestros y extorsiones. El investigador  concluye que se debe respetar como ciudadanos las restricciones para contener el COVID-19 ya que al no hacerlo se duplica el trabajo de los agentes policiales que podrían estar investigando los crímenes. 

Estado de Excepción

El investigador del CIEN, Francisco Quezada analizó  los Derechos Constitucionales ante la emergencia del COVID-19, donde indicó que alrededor del mundo la pandemia exige a los gobiernos a tomar decisiones de carácter preventivo y represivo sobre los derechos personales y restringir libertades para poder aumentar su capacidad de Ejecución. 

Asimismo, el experto explicó que “siempre deben verificarse y respetarse ciertas condiciones, límites, racionalidad y justicia, considerando que los Estados de Excepción están contemplados dentro del sistema constitucional y no derogan el Estado de Derecho, ni permite conductas fuera del marco de la Ley, resaltó, Quezada.