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Nacionales

Entrega de efectivo por COVID-19 obliga a crear nuevas plataformas


Especialista del Banco Mundial plantea cuatro puntos a considerar en el uso de sistemas para transferencias monetarias.

La crisis sanitaria, social y económica que vive el mundo por la pandemia del COVID-19 ha requerido que los países atiendan a las poblaciones más vulnerables de forma inmediata. Las transferencias monetarias han sido unas de las primeras acciones a implementar.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló en un informe que deben ampliarse las transferencias directas de efectivo a los más vulnerables, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha mencionado algunos programas que son posibles opciones.

Ugo Gentilini, economista Senior de Protección Social y Práctica Global de Empleos, del Banco Mundial (BM), abordó ¿Cómo pueden las transferencias de efectivo apoyar a los trabajadores del sector informal en la crisis del COVID-19?

Su artículo es el cuarto de seis blogs sobre formas de proteger a los trabajadores y los empleos en la crisis sanitaria, basado en una Nota del Grupo de Empleos del Banco Mundial que aborda opciones de políticas para el corto plazo.

En este, Gentilini menciona que los programas sociales han empezado a expandir para personas en la informalidad laboral, los cuales clasifica en tres enfoques: pagos temporales específicos, transferencias universales con límite de tiempo, y adaptaciones urbanas.

El confinamiento ha movido a los países a buscar formas de entrega de efectivo para dinamizar la economía.

En tiempos de crisis

Los programas de transferencia de efectivo se están reutilizando para apoyar a los trabajadores del sector informal que no estaban cubiertos antes. Alrededor de 2 mil millones de trabajadores informales en todo el mundo no eran beneficiarios de asistencia social antes de la pandemia. Las estrategias de los países para ayudarles a soportar los impactos ahora están evolucionando en tiempo real.

Gentilini añade, que se sugiere lo siguiente para la operación de los programas de asistencia a los más vulnerables: Primero, millones de trabajadores del sector informal ya están siendo atendidos por programas de transferencia de efectivo, por medio de expansiones ad-hoc de programas existentes. Indica que después de la crisis, habrá una oportunidad de construir estructuras permanentes para apoyar este “medio perdido” en la recuperación posterior a la crisis y en futuros eventos.

Lo segundo, es que el apoyo a los trabajadores informales no debe descansar en un solo programa, sino que debe utilizar enfoques integrados (exenciones de tarifas, entrega a domicilio de comidas escolares).

Tercero, la crisis subraya la importancia de adaptar los programas de transferencia de efectivo para las zonas marginales urbanas; y finalmente, estos programas no son solo dinero; ofrecen plataformas para conectar múltiples servicios e intervenciones y esta interconexión crecerá en importancia a medida que avancemos más allá de la fase de crisis.

Bajo liderazgo

El Gobierno de Guatemala busca aplicar diversos mecanismos para entregar la ayuda económica.

El consultor del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Hugo Maul, considera que la cara pública del Estado más cercana a las personas son los Consejos Comunitarios de Desarrollo y luego las autoridades municipales, pero un problema es que luego estas van al gobernador y este al Presidente y se pierde la cadena de fracción.

Refirió que habría que buscar que los ministerios responsables de esto establezcan antes que nada una comunicación asertiva y rápida con la población para que se entienda cuál es el mecanismo y quiénes van a salir beneficiados.

“Lo primero que hay que entender es que no estamos hablando de que se va a diseñar el mecanismo óptimo que va a funcionar como reloj suizo, porque tenemos a un sector público, no es culpa de Giammattei así lo recibió, que es poco efectivo, que le cuesta ejecutar y que tiene muchas ineficacias”, dijo.

El exministro de Finanzas, Edgar Balsells, coincide que los mejores mecanismos se encuentran donde hay tejido social, pero en el país hay un divorcio entre los alcaldes y los sistemas de organización social comunal. Dijo que los países de Sudamérica lo hacen bien porque tienen esquemas de liderazgo, políticas inclusivas de salud donde se sabe en dónde vive cada persona como las bases de datos de Brasil.
“En Guatemala quienes deberían de tener el liderazgo es la Segeplan (Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia), la secretaría del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (Conadur)”, opinó.

Las posibilidades

Para Maul cuando se parte de allí cualquier mecanismo que se utilice va a tener virtudes y debilidades, y entonces se debe buscar el menos malo. En ese sentido, considera que los registros de contadores de luz es una opción, donde ya se aplica la tarifa social.

Según el Censo 2018, el promedio de personas por hogar es de 4.5, en donde estima que al menos dos generan ingresos.

Erick Coyoy, del Instituto de Investigación y proyección sobre Economía y Sociedad Plural (IDIES) de la Universidad Rafael Landívar, considera que se está ignorando la base de datos del Censo de Población donde hay información sobre los hogares, que se podría combinar con los de usuarios de energía eléctrica.

“Lamentablemente los Ministerios de Agricultura y Desarrollo Social nunca cumplieron con hacer una base de datos de beneficiarios”, agrega. Silvia Monzón, analista de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), lamentó que el mecanismo que se planteó no está funcionando porque se presta al clientelismo.

«Esta situación lo que nos está evidenciando es que hay una cantidad bastante alta de población flotante que no está registrada de ninguna forma. Las iglesias también podrían aportar información de cómo llegar a las personas con más necesidad”. Ana Silvia Monzón, analista de Flacso.

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