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Nacionales

Planteamiento al Gobierno de la República y a la opinión pública


Para afrontar los retos y desafíos sanitarios y económicos derivados de la catástrofe devastadora que vive el mundo, como consecuencia de la pandemia del coronavirus, la mayoría de gobiernos está recurriendo a un arsenal de medidas de política masivas, extraordinarias y de grandes proporciones para mitigar y aliviar las consecuencias del aislamiento y distanciamiento social, y la consecuente parálisis económica.
 
Guatemala no es la excepción y no puede escapar a esta dramática realidad. Como respuesta a los desafíos sanitarios sin precedentes, el gobierno ha respondido con políticas sanitarias serias y apropiadas, que apoyamos, aunque nos sigue causando extrañeza, ni hay una explicación oficial de por qué no se han descentralizado y masificado, a escala nacional, los exámenes indispensables para la detección de la expansión del contagio de la pandemia.
 
En el plano económico, fue aprobada una inyección masiva de Q11 millardos, provenientes de un financiamiento excepcional, para apoyar y responder a las necesidades mínimas de la informalidad, el autoempleo, la pobreza, la pobreza extrema, la marginación y la miseria, y un paquete integral y coherente para mantener a flote las empresas, la producción y los servicios, el pago de las nóminas y, por lo tanto, el empleo formal. Apoyamos este paquete de medidas fiscales, monetarias, cambiarias, crediticias y laborales, cuyo eje es la inyección de los Q11 millardos, pero no se puede dejar fuera del conjunto de medidas, a las empresas generadoras de energía, sin cuyo funcionamiento, simplemente se detendría la actividad económica del país en su conjunto.
 
Tenemos la firme convicción de que es indispensable que se apruebe e institucionalice un severo y riguroso capítulo de transparencia y rendición de cuentas sobre el manejo y administración de estos cuantiosos recursos financieros que, al cabo, todos los guatemaltecos pagaremos.
 
Es fundamental asegurar que los recursos financieros lleguen con focalización, prontitud, eficacia e impacto a quienes viven momentos de incertidumbre, pánico y angustia, y, por esta razón, nos comprometemos con la ciudadanía a exigir la implantación de instancias, mecanismos, herramientas institucionales e independientes de transparencia y rendición de cuentas, y profundizar nuestro trabajo de fiscalización y denuncia de actos de corrupción que atenten contra la integridad con que deben administrarse estos fondos multimillonarios.
 
Apoyamos la aprobación de los Q11 millardos para enfrentar y responder a las implicaciones de la pandemia, pero rechazamos categóricamente la iniciativa que busca una ampliación presupuestaria por Q5 millardos que, en su mayoría, busca atender injustificados reclamos salariales de los cuestionados sindicatos estatales, aumentos salariales a la burocracia superflua, y financiar mecanismos opacos e ineficaces, como los Consejos de Desarrollo, que no son más que “bolsones” de recursos para diputados, funcionarios y contratistas corruptos.
 
En adición, demandamos, que en lugar de estar buscando esquilmar el erario público, es hora de que los dignatarios electos, los altos funcionarios reduzcan sus salarios en un 25 por ciento, que los magistrados de la altas cortes, del Tribunal Supremo Electoral y los diputados dejen de recibir indemnizaciones ilegales y que se supriman las plazas fantasma, que representan el 24 por ciento del total de las nóminas de la administración pública.
 
Proponemos que los ahorros de miles de millones de quetzales resultantes de recortar los elevados gastos burocráticos, superfluos e innecesarios, se destinen a los programas sociales de alto impacto, de los que adolecemos en Guatemala.
 
Jose Rubén Zamora

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