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Nacionales

Armando Escribá es procesado penalmente por cuatro delitos


El exdiputado habría adjudicado Q194.4 millones a empresas de sus familiares para sustraer los fondos del CIV.

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El exdiputado Armando Escribá Morales fue procesado por la jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, por la posible comisión de concusión en concurso ideal con fraude, lavado de dinero u otros activos y falsedad en la declaración patrimonial jurada.

La jueza explicó que Escribá Morales pudo propiciar la sustracción de fondos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) para beneficiarse con ese dinero, por lo que era necesario ligar a proceso al exdiputado.

Además, Aifán argumentó que, con el dinero que Escribá Morales pudo sustraer –por medio de la adjudicación ilícita de contratos– adquirió una avioneta, un helicóptero, dos lanchas y un apartamento.

La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) señaló al exdiputado de adjudicar Q194 millones 391 mil 593.02 del CIV a las empresas Montañas Nacionales y Señalamiento Vial de Centroamérica (Sevica), las cuales estaban vinculadas a él, por medio de sus familiares.

Luis Alberto Beltetón Carías –pareja de una de las hermanas de Escribá Morales– fungió como presidente de Montañas Nacionales, Sociedad Anónima; mientras que Jessica Roxana Romero Guzmán –expareja y madre de dos hijos del exdiputado– fue la representante de Sevica.

La Fiscalía también indicó que Escribá Morales dirigiò desde el Fondo Social de Seguridad (FSS) del CIV y la Dirección de Conservación Vial (Covial) un plan para sustraer los fondos por medio de adjudicaciones de contratos a empresas vinculadas a él.

Seguirá en prisión

La jueza también determinó que Escribá debe continuar guardando prisión preventiva en Mariscal Zavala porque hay riesgo que se fugue y que interfiera en la investigación del Ministerio Público (MP).

Según el fiscal Carlos Videz, Escribá se reunió con otro procesado en el caso –Jaime Aparicio– un día antes de que se hiciera pública la orden de captura en su contra.

Asimismo, la fiscalía dijo que el exdiputado había demostrado tener poder económico para conseguir aeronaves que al realizar viajes privados eran más vulnerables a no documentar los planes de vuelo que realizaban, propiciando que el exdiputado saliera del país sin dejar registros migratorios.

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