Con el dictamen favorable emitido ayer por la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, el Congreso concluyó el análisis de la propuesta de ley enviada por el presidente Alejandro Giammattei para el combate de las maras y a continuación los diputados pueden iniciar el proceso de aprobación. La sala legislativa no estimó conveniente plantear que las maras sean declaradas como terroristas, sino que las actividades delictivas de estas sean consideradas como “de alta peligrosidad”.

El documento acordado en la Comisión de Seguridad Nacional incrementa las penas de prisión mínimas y máximas contra quienes integren las pandillas. Además, se propone que las sentencias se dupliquen si los delitos como coacción, amenazas, usurpación agravada, extorsión, intimidación pública e integrar agrupaciones ilegales de gente armada, son cometidos por los miembros de una mara.

Por ejemplo, con la legislación actual, quien es hallado culpable de extorsión recibe una condena de entre seis y 12 años de cárcel. Mientras que, la iniciativa dictaminada favorablemente ayer, señala que al integrante de alguna pandilla que sea culpable de ese delito, se le impondrá una pena de prisión que oscilará entre los 12 y 24 años.

Compras sin licitar

Uno de los artículos transitorios que se incluyen en el dictamen, ordena al Ministerio de Gobernación, comprar equipo para métodos especiales de investigación, así como armas, municiones y vehículos hasta por un monto de Q200 millones para “el combate frontal a las maras”. Las adquisiciones se realizarán sin los lineamientos que establece la Ley de Contrataciones del Estado que ordena, entre otros procesos, realizar licitaciones públicas para realizar compras.

Durante las compras, la Contraloría General de Cuentas (CGC) tendrá que auditar los procedimientos. El Ejecutivo deberá adquirir el equipo durante los seis meses posteriores a la vigencia de la nueva ley.