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El Tribunal Octavo, presidido por Oly González, impuso penas de entre cinco y 30 años de prisión en contra de 29 acusados de participar de una estructura que se benefició ilegalmente de plazas fantasma en el Congreso de la República.
El tribunal impuso una pena de 30 años y nueve meses contra el expresidente del Congreso Pedro Muadi, por los delitos de peculado por sustracción, asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
Los jueces aceptaron la acusación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y consideraron que se comprobó la sustracción de Q4.7 millones por medio de la contratación de empleados que no llegaban a trabajar o que no siguieron los procedimientos legales para laborar en el Palacio Legislativo.
Pronunciamiento
Por su parte, Muadi dijo que era una sentencia injusta porque no existían pruebas de la comisión de sus delitos, de los beneficios que supuestamente obtuvo por medio de las plazas señaladas y porque los delitos que le sindicaban de cometer no eran sanguinarios. “¿A quién maté? A un asesino le dan 15 años”, dijo el expresidente del Congreso al salir de la sala de audiencias.
Además, la familia de Muadi emitió un comunicado en el que señalan que los jueces no tomaron en cuenta las pruebas de descargo de la defensa del expresidente del Congreso y emitieron una “sentencia irracional, absurda y desproporcionada”.
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El año pasado, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) realizó 4 mil 769 evaluaciones por delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes.
Un juez decidió no procesar penalmente a un grupo de trabajadores de una finca fue capturado en Champerico, Retalhuleu, porque se encontraban cerca de un terreno donde cayó una avioneta.
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