Las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Decreto 04-2020, aprobadas el martes por el Congreso ha captado la atención hasta del Gobierno de Estados Unidos. 

El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, manifestó ayer en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter que la iniciativa 5257 impone requisitos onerosos a las ONG en Guatemala.

Kozak refirió que las organizaciones desempeñan un papel clave en las democracias funcionales y ayudan a fortalecer las instituciones democráticas. Instó a Guatemala a que modifique esta legislación conforme a las mejores prácticas internacionales.

El funcionario estadounidense visitó Guatemala la primera semana de febrero y se reunió con el mandatario Alejandro Giammattei con quien firmó un acuerdo sobre visas de trabajo temporales en el área agrícola.

La congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, también se pronunció en Twitter para enviarle un mensaje a Giammattei, en el cual indica que el proyecto de ley que limita a las ONG no se debe firmar. 

Refirió que la gente de Guatemala necesita un Presidente que establezca límites y defienda el Estado de Derecho. “Ayude a incentivar a su gente a responsabilizar a su gobierno”, indicó.

Esta semana varias organizaciones locales e internacionales se pronunciaron en contra del decreto y han presentado acciones ante la Corte de Constitucionalidad (CC).

Hasta la tarde del viernes, la CC había recibido siete acciones de amparo en contra de las mencionadas reformas, dos se encuentran en revisión, mientras que al resto ya se les dió trámite.

La CC solicitó un informe en menos de 48 horas al Ejecutivo, autoridad denunciada en los amparos legales planteados por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Acción Ciudadana, y el dirigente campesino Daniel Pascual, quienes buscan evitar que el mandatario Giammattei sancione la normativa. También pidió un informe circunstanciado al Congreso, por ser la otra autoridad denunciada. 

Más voces

Más de 50 organizaciones nacionales e internacionales condenaron la aprobación de la Ley de ONG y exhortaron a Giammattei a vetar el Decreto 4-2020 para garantizar el ejercicio de derechos fundamentales que han sido puestos en riesgo por el actuar del Congreso, lo cual podría generar responsabilidad internacional para el Estado.

Según las entidades, las modificaciones imponen un control centralizado y excesivo sobre el registro, administración, operación, fiscalización, financiamiento y cancelación de las organizaciones.