La Corte de Constitucionalidad (CC) admitió para su trámite tres amparos presentados en contra de las reformas a la Ley de Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

La máxima corte solicitó un informe en menos de 48 horas al Ejecutivo, autoridad denunciada en las acciones legales planteadas por el Centro Para la Acción Legal en Derechos Humanos, Acción Ciudadana, y el dirigente campesino Daniel Pascual, quienes buscan evitar que el presidente Alejandro Giammattei sancione la normativa.

Las reformas permiten al Ejecutivo cancelar la personalidad jurídica de las ONG que, según ellos, estén involucradas en actividades contrarias al orden público.

Ayer, más de 50 organizaciones nacionales e internacionales condenaron la aprobación de las reformas y exhortaron al presidente Giammattei a vetar la normativa. Las entidades consideran que las modificaciones imponen un control centralizado y excesivo sobre el registro, administración, operación, fiscalización, financiamiento y cancelación de las ONG.

El grupo señaló que de entrar en vigencia la ley impondría un régimen que excede las potestades del Estado. Además, violaría las libertades de expresión y de asociación, limitaría el espacio cívico y el derecho a defender los derechos humanos, también generaría un ambiente hostil para la participación de la ciudadanía en asuntos de interés público.