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Nacionales

Estado tendrá más control sobre ONG


Diputados aprueban, con enmiendas presentadas el año pasado por Estuardo Galdámez y Luis Hernández Azmitia, cambios a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales.

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Los diputados aliados al oficialismo aprobaron ayer las reformas a la Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo. El Decreto 04-2020 contiene artículos que provocarían la desaparición de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) relacionadas al tema de derechos humanos, transparencia y fiscalización, permite más control por parte del Estado y establece sanciones penales a directivos de estas organizaciones que alteren el orden público.

Cada uno de los artículos no tuvo el apoyo de más de 85 diputados y los únicos que se manifestaron en contra fueron los representantes de Movimiento de Liberación de los Pueblos (MLP), Winaq, Semilla y Compromiso, Renovación y Orden (Creo); en tanto que el bloque de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) decidió abandonar el pleno desde que se inició la discusión del decreto.

Los legisladores decidieron que únicamente existirán ONG con orientación a la caridad, servicios, participación, incidencia, investigación, deportivas, culturales, defensa, generación de ingresos, fortalecimiento institucional, medio ambiente y formación de ciudadanía. Además, las organizaciones que decidan inscribirse en el país tendrán que registrarse en diferentes dependencias: Gobernación, en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

“Ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional”, se lee en uno de los párrafos aprobados. En la nueva normativa también se establece que los directivos de estas ONG serán imputados penal y civilmente.

Criminalizar

Para la diputada de Winaq, Sonia Gutiérrez, el objetivo del decreto (4-2020) es criminalizar a las organizaciones que realizan protesta social. “Esta norma busca coartar las libertades y es una forma autoritaria de tener el poder”, expresó en el pleno el representante de Semilla, Román Castellanos.

“Se criminalizan las luchas sociales y esta nueva ley es para vengarse de las ONG”, razonó su voto en contra la diputada de la bancada MLP, Vicenta Jerónimo. Contrario, los representantes del Partido de Avanzada Nacional (PAN), Vamos, UCN y Todos aplaudieron la aprobación de la normativa.

“Las ONG necesitan un marco regulatorio actual y moderno que impida la manipulación política y mal manejo de fondos públicos por parte de estos entes. Guatemala inicia hoy a salir de la polarización de forma efectiva con el nuevo Congreso”, escribió en su red social el presidente del Legislativo, Allan Rodríguez.

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