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Nacionales

Congreso derogó acuerdos de indemnización a diputados en 2003


Varios excongresistas han solicitado el pago de prestaciones.

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La presidencia del Congreso se reserva en dar el nombre de los diputados de la octava legislatura que solicitaron el pago de prestaciones e indemnizaciones. La semana pasada se conoció que la Comisión Permanente del Congreso aprobó en diciembre pasado pagar a los congresistas salientes las prestaciones contempladas en la Constitución.

En ese misma reunión, según el acta 7-2019, se autorizó el pago de prestaciones a quienes lo solicitaren. “Son varios que han requerido prestaciones e indemnizaciones pero se están analizando los documentos”, refirió el presidente de este Organismo, Allan Rodríguez.

Un tema discutido

En 2003, el entonces presidente en funciones del Congreso, Carlos Humberto Hernández, firmó el Acuerdo Legislativo 56-2003 en el que se establece que los dignatarios que integran el Legislativo no pueden percibir bajo ningún concepto, indemnización, remuneración, bono o compensación por el tiempo servido al finalizar el periodo por el cual fueron electos o designados.

En el documento publicado días después en el Diario de Centro América el Congreso consideró que los “dignatarios de la nación” no pueden homologarse a los demás servidores públicos ni a las prestaciones de la relación de dependencia laboral. Agrega en el articulado que no será aplicable en concepto de indemnización, bono, gratificación, remuneración por tiempo servido para funcionarios o empleados que se encuentren en los renglones presupuestarios 022- y 189.

“Se deroga el Acuerdo Legislativo 44-2003 y se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido y aplicación” se lee en el Artículo 2 del Decreto 56-2003. En el expediente se plantea una inconstitucionalidad cuando la administración de la desaparecida bancada del FRG buscó “equiparar el salario de los legisladores con el de los magistrados y les autoriza una indemnización”.

En 2007, el tema cobró vigencia de nuevo cuando se presentó una propuesta para que los diputados salientes fueran indemnizados. El proyecto fue aprobado con 107 votos a favor, pero la normativa fue vetada.

Diez años después, el expresidente y actual diputado, Óscar Chinchilla, firmó en junio un acuerdo interno (18-2017) en el que se “conmina a las Juntas Directivas y/o Comisiones Permanentes de actuar con lo establecido en el Artículo 55 de la Ley Orgánica y en consecuencia se proceda a pagar a los diputados la remuneración y demás prestaciones legales correspondientes”. El acuerdo fue tomado como referencia por la Comisión Permanente del año pasado para justificar la solicitud que hicieron dos exdiputados para que se les pague sus prestaciones.

El Artículo 55 inciso b de la Ley Orgánica, refiere que los diputados tienen derecho a percibir una remuneración y que las prestaciones legales correspondientes se otorgarán sobre el monto total de los ingresos correspondientes a cada diputado el cual es de Q29,150 mensuales.

A juzgados

El presidente del Legislativo indicó que serán los tribunales de Trabajo los que deberán resolver si pagan o no la prestación a algún diputado de la octava legislatura.

La semana pasada la excongresista Sandra Morán, quien pidió el pago de prestaciones laborales, manifestó en su red social que lo requerido es lo que les corresponde por los 14 días que trabajaron en enero y que en ningún momento se puso en discusión una indemnización.

No aceptará indemnización

El exdiputado Luis Fernando Montenegro se refirió al tema en su cuenta de Twitter.

“En consecuencia con mi forma de pensar, así como solicité no ser incluido en el seguro del Congreso, ni acepté alimentación ni caja chica, así mismo no aceptaré el pago por concepto de indemnización”, señaló.

Q29,150 es el salario mensual de un diputado.

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