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Nacionales

Aifán dicta arraigo contra Escribá por fraude de Q194.4 millones


La Corte Suprema de Justicia retiró la inmunidad al diputado porque considera que puede existir un fraude en la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a sus familiares cuando dirigió Covial y el FSS.

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La jueza de Mayor Riesgo D, Erika Aifán, decretó el arraigo en contra del diputado Armando Escribá Morales; medida con la que el Ministerio Público (MP) busca que se garantice la permanencia del legislador en el país, para investigar el supuesto fraude de Q194 millones 391 mil 593.02 en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV).

La Corte Suprema de Justicia (CSJ), por mayoría admitió la solicitud formulada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de retirar la inmunidad al diputado para que pueda ser investigado por el fraude que orquestó desde el Fondo Social de Solidaridad (FSS) del CIV y de la Dirección de Conservación Vial (Covial).

Según los señalamientos de la Fiscalía, Escribá Morales adjudicó contratos por más de Q194 millones a las sociedades anónimas Montañas Nacionales y Señalamiento Vial de Centroamérica (Sevica). Esas entidades pertenecían a familiares del legislador y los contratos fueron adjudicados de forma irregular.

Las pesquisas preliminares que realizó la Fiscalía les permitió determinar que Luis Alberto Beltetón Carías -pareja de una de las hermanas del congresistas- fungió como presidente del Consejo de Administración de Montañas Nacionales, S.A.

Además, Jessica Roxana Romero Guzmán -expareja y madre de dos hijos de Escribá Morales- fue la gerente administrativa y representante legal de Sevica, lo cual, según el MP, propició la adjudicación de contratos en las unidades ejecutoras del CIV.

El MP también adjuntó copia de los correos electrónicos entre la cuenta Escribá y las sociedades beneficiadas.

La CSJ no toma en cuenta el informe del pesquisidor

En septiembre de 2019, el pesquisidor e integrante de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, Harold Ortiz, recomendó mantener la inmunidad porque “la comunicación electrónica no puede atribuírsele directamente al antejuiciado, esto debido a que cualquier persona puede crear una cuenta de correo electrónico o red social con diferente nombre o pseudónimos”.

Además, Ortiz argumentó que la ejecución de las obras adjudicadas habían sido ejecutadas, por lo que no había indicio de delito, pese a que los señalamientos del MP fueron por la adjudicación irregular y no por la falta de construcción de las mismas. Ortiz busca su reelección como magistrado de Sala.

Sin embargo, el pleno de la CSJ, integrado por seis magistrados titulares y siete suplentes, decidió el 20 de diciembre pasado retirar la inmunidad al diputado en un pleno extraordinario del cual no se informaron las acciones conocidas en el mismo.

Manuel Duarte, electo como magistrado en octubre de 2018 para sustituir a Elizabeth García, votó en contra de retirar la inmunidad del diputado, pero al ser cuestionado si ese voto correspondería a la búsqueda de apoyos para reelegirse en la CSJ, el togado no quiso responder a la interrogante.

“Dichos entes -la Fiscalía y la CICIG- ampliaron su denuncia, al haber analizado comunicaciones electrónicas entre el funcionario y representantes de la entidad Consultores Legales, Sociedad Anónima, de las que supuestamente puede establecerse la adquisición de aeronaves y embarcaciones, por medio de personas naturales y jurídicas vinculadas al antejuiciado, surgiendo la necesidad de establecer si las mismas fueron reportadas en sus declaraciones patrimoniales”, consideró la CSJ.

Asimismo, la CSJ señaló que la relación entre Escribá y sus familiares “pudo incidir en la consecución de las contrataciones respectivas”, por lo que es necesario que se establezca “si el diputado se encontraba interesado en las contrataciones aludidas, y si como resultado de ello, se configuran los ilícitos penales que se le imputan -concusión y fraude-”.

Las investigaciones de “elPeriódico”

Desde agosto de 2017 elPeriódico publicó investigaciones que detallan cómo Armando Escribá y sus allegados incrementaron su patrimonio. Una de ellas consignó que Henry Orellana López –amigo de Escribá– recibió adjudicaciones de Q72.2 millones durante el gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Además, una investigación detalló que Escribá adquirió dos lanchas, un helicóptero y un avión con los fondos de los contratos adjudicados a sus empresas desde Covial y el FSS.

 

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