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Nacionales

MP pide procesar a jueza por el caso Hogar Seguro


La jueza Rocío Murillo y su secretario habrían mentido en la elaboración de la firma de un acta.

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El fiscal Édgar Gómez pidió que la jueza de Paz de San José Pinula, Rocío Murillo, el secretario del juzgado, Romeo Rolando Miranda Navarro, la coordinadora de Mi Hogar –sección del Hogar Seguro Virgen de la Asunción–, Ofelia Pérez, y la monitora Crucy Flor de María López fueran procesados penalmente por su presunta responsabilidad en la fuga, detención y muerte de las menores internadas en el centro.

Hoy, el juez cuarto de Primera Instancia Penal, Pedro Laynez, tiene previsto resolver si los cuatro señalados en la tercera fase del Caso Hogar Seguro son procesados. Murillo enfrenta señalamientos de falsedad ideológica, retardo de justicia, incumplimiento de deberes, prevaricato y maltrato contra personas menores de edad.

Miranda fue sindicado de falsedad ideológica, mientras que Pérez, de homicidio culposo, lesiones culposas, maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes; y López, de abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad.

Los testimonios con los que cuenta la fiscalía detallan que Pérez fue la encargada de acomodar a las adolescentes en un aula, sin alimentos ni acceso a un baño; López, por su parte, sería la responsable de rociar gas pimienta a las menores.

Mienten en acta

Según la Fiscalía de Femicidio, Murillo y Miranda habrían mentido en el acta de una exhibición personal que debían realizar el 7 de marzo de 2017, pero que la misma no fue concluida hasta después del incendio en el que fallecieron 41 menores de edad.

Murillo señaló que no pudo ingresar al Hogar Seguro por los conflictos que estaban intentando controlar las autoridades del Hogar, por lo que decidió que regresaría al siguiente día para continuar con la exhibición personal; no obstante, el acta que ella firmó consigna que se tuvo que resguardar porque la Policía no podía controlar a los menores.

El Ministerio Público (MP) señaló que si se hubiera realizado la exhibición personal, se habría evitado el encierro y posterior incendio que culminó con la vida de 41 niñas.

Retraso de audiencia

La audiencia de primera declaración debió ser iniciada por el juez cuarto, Pedro Laynez el 22 de mayo del año pasado, pero varias acciones legales planteadas por los sindicados y la agenda del juzgador impidieron la celebración de la misma.

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